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En aumento, la mujeres presas por tráfico de drogas

Por Alejandra Landón

La población femenina presa por delitos relacionados con el tráfico de drogas, con prolongadas penas de prisión, se incrementó desproporcionadamente en las últimas dos décadas, según datos de las Naciones Unidas, afirma Denia Núñez en su artículo “Mujer, cárcel y derechos humanos: una perspectiva sobre la situación actual en América Latina”.

Estos delitos, que están llevando a más mujeres a la cárcel son considerados como delitos de naturaleza social, ya que la criminalidad es creada por el control social altamente discriminatorio y selectivo, dice la especialista en la revista Defensor, publicación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En el 2004, el 80 por ciento de las mujeres presas en Nicaragua estaban tras las rejas por delitos relacionados con las drogas; el 72 por ciento en Panamá y el 64 por ciento en Venezuela, según la Dirección General de Centros Penitenciarios de estos países, dice Núñez, quien es coordinadora del Programa Sistemas Penitenciarios y Derechos Fundamentales, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD/RWI).

En México, 203 mil 686 personas estaban presas en México en el 2006, de las cuales 10 mil 220, el 5 por ciento del total, eran mujeres, según la Dirección Nacional de Prevención y Readaptación Social.

El tema de la mujer y su relación con el sistema de justicia penal, así como los estudios sobre mujeres en prisión en América Latina, han sido poco desarrollados, sin embargo, en los últimos años ha crecido la preocupación no sólo sobre las condiciones de las mujeres privadas de su libertad, sino sobre las razones por las que ingresan a prisión, comenta Denia Núñez.

La mayoría de las mujeres que ingresan a la cárcel vienen de sectores marginados y tienen un bajo nivel educativo, lo cual las coloca en una desventajosa situación laboral, comenta la autora, lo que perjudica sus posibilidades de alcanzar la autonomía económica.

Núñez indica que en el contexto latinoamericano, más del 85 por ciento de las mujeres que ingresan a prisión tienen hijos.

Algunos países han consolidado gradualmente un modelo centrado en la atención de las necesidades de las personas presas. Pero existen muchos casos donde las mujeres presas tienen un limitado acceso a la educación, a pesar de que es un derecho, según los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Informa Núñez que las mujeres también carecen de atención médica continua y especializada, centrada en la prevención y no sólo en la atención de emergencias, así como falta de atención en el campo de la pediatría, nutrición, psicología, entre otros, para las niñas y niños que viven con sus madres en prisión.

También se limitan los derechos a la visita íntima, el acceso al trabajo, a la formación para la capacitación y carecen de asistencia jurídica.

Asimismo carecen de suministros alimenticios nutritivos, atención prenatal y postnatal a las madres, servicio de guarderías mientras las madres trabajan, escasean las condiciones adecuadas para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los espacios para recreación y esparcimiento son muy limitados dentro de las prisiones.

AGRESIONES

Según un estudio sobre el tema de violación de derechos de las mujeres presas en Estados Unidos, que realizó Amnistía Internacional, se presentan algunos actos de agresión verbal, física y sexual por parte del personal, lo que demuestra que las mujeres en prisión se encuentran expuestas o vulnerables a sufrir estos tipos de agresiones, comenta la autora.

Denia Núñez menciona que a pesar de que estas temáticas no han sido estudiadas a profundidad, se han celebrado varios congresos donde se ha descubierto una nueva situación acerca de las mujeres que ingresan a la cárcel.

El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente arrojó información acerca del número cada vez mayor de mujeres encarceladas y con penas prolongadas de prisión por delitos relacionados con las drogas, menciona Núñez.

En 1997 se realizó el seminario-taller “La criminalidad y la criminalización de la mujer”, en Caracas, donde se discutieron los problemas de la criminalización de la mujer por delitos de drogas, analizado desde una perspectiva de género.

En nuestro país, informa Núñez, se realizó el taller “Violencia contra las mujeres privadas de libertad en América Latina”, y se analizó la situación de violencia hacia las mujeres cuando son detenidas por policías, bajo custodia migratoria o sometidas a prisión.

La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dentro de la programación del 2002 y 2003, acordó hacer un estudio sobre las condiciones de las mujeres en prisión en América Central, haciendo énfasis a las mujeres madres y sus hijas e hijos menores de edad.

En 2003 se llevó a cabo la implementación de estas estrategias, que desarrolló el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD/RWI), de donde surgió el libro Mujeres madres en prisión en América Central.

Insiste Núñez que se realice en los Sistemas Penitenciarios una política de género que garantice un modelo adecuado de atención de las necesidades de las personas presas y que se desarrolle una estrategia de capacitación para el personal, que posibilite el logro de este modelo, con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades en igualdad de condiciones.

07/AL/GG

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