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En breve, las conclusiones sobre el caso de Teresa y Alberta

Por Paulina Rivas Ayala

En los próximos 20 días, el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Querétaro deberá dictar las conclusiones, acusatorias o absolutorias, para el caso de Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres otomíes que desde hace más de tres años se encuentran recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto de dicho estado acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Debido a que el pasado 8 de octubre se cerró la instrucción del procedimiento penal contra estas dos mujeres, el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza Longi, tiene ahora veinte días hábiles para dictar sus conclusiones.

El abogado Leonides Ortiz Castillo, defensor de Teresa y Alberta, explicó a Cimacnoticias que sólo está aguardando la decisión del juez, la cual espera conocer a más tardar el 15 de noviembre.

Si las conclusiones son absolutorias, se procederá a la liberación de las acusadas. En caso contrario, la defensa tendrá treinta días hábiles para dictar sus propias conclusiones; posteriormente, el juzgado definirá la sentencia.

El abogado apela a la justicia y espera que –dadas las pruebas presentadas durante el proceso, mismas que demuestran la inocencia de Alberta y Teresa y la violación de sus derechos fundamentales–, las conclusiones del juez Pedraza sean en favor de las otomíes.

SENTENCIA

El pasado 9 de agosto de 2006, el juez Pedraza Longi dictó sentencia de 21 años de cárcel y una multa de 91 mil pesos para Teresa, Alberta y Jacinta Francisco Marcial, quienes fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la AFI el 26 de marzo de 2006 después de un operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco, Querétaro.

El pasado 3 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias en favor de Jacinta, pero no de Teresa y Alberta aún cuando se les acusa por los mismos hechos, circunstancias y elementos de prueba. Cabe señalar que a Alberta se le atribuye el delito de posesión de cocaína en su puesto del mercado aun cuando ella “no tenía un puesto ahí”, explica el abogado.

ANTECEDENTES DE PETICIÓN DE LIBERTAD DE LA DEFENSA

Debido a que ya se cerró la instrucción del procedimiento penal contra las dos indígenas, el centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) –que actualmente brinda apoyo a Leonides Ortiz en la defensa de Alberta y Teresa – está gestionando la firma cartas dirigidas al juez Pedraza Longi, al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.

Esto tiene como fin que la Procuraduría General de la República (PGR) tome en cuenta las irregularidades acaecidas tras la supuesta” llamada anónima y las falsas declaraciones que los seis elementos de la AFI vertieron en la averiguación previa número A. P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006

El pasado 25 de agosto de 2009, Leonides Ortiz y el abogado Jorge Santiago Aguirre Espinoza, del Prodh, mandaron una carta al entonces procurador de Justicia, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, para solicitarle que ordenara la realización de los estudios jurídicos pertinentes para cerciorarse que no hay delito que perseguir y, por tanto, para obtener la libertad de Teresa y Alberta por sobreseimiento del caso.

En dicho documento, del que Cimacnoticias posee una copia, los abogados anexaron pruebas que muestran la inocencia de Teresa y Alberta; entre ellas figura la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se realizó a partir de la causa penal 48/2006 y que en su análisis muestra las irregularidades en el caso que han sido reportadas en días pasados por esta agencia.

El caso ahora está en manos de Pedraza Longi, pues la PGR ha sostenido que “existen elementos de convicción contundentes que demuestran la participación de ambas mujeres en la comisión de los delitos atribuidos” a estas dos mujeres, tal como lo informó Cimacnoticias en septiembre pasado, cuando la PGR negó que el cierre de la instrucción sea de su competencia pues “es una facultad exclusiva del juez”.

09/PRA/YT/LGL

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