Durante 2004, 73 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en Quintana Roo, la mayoría con lujo de violencia, denunció Lydia Cacho, directora ejecutiva del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de esa entidad, en un reporte que duplica la cifra reconocida por las autoridades, que sólo informan de 39 asesinatos y 12 intentos de homicidio.
La activista reiteró el compromiso con el combate de la violencia hacia las mujeres por parte de la organización que representa, no obstante el acoso que han sufrido ella y sus compañeros por parte de las parejas de dos mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y la falta de actuación de las autoridades responsables.
«No somos ni seremos víctimas silenciadas, somos mujeres y hombres con una convicción y una tarea profesional», afirmó al relatar que después de varias semanas de denuncias y presión de la sociedad civil, la Procuraduría General de la República (PGR) accedió a tomar su declaración sobre las agresiones hacia el CIAM de José Ramón Hernández Castillón y de José Alfredo Jiménez Potenciano.
Hernández Castillón es un ex agente del cuerpo especial antisecuestros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Torreón, Coahuila, cuya esposa, dos hijos e hija, acudieron al CIAM y, en represalia a la asistencia y protección brindada a su familia, el ex agente se presentó armado en varios refugios de la red de CIAM en Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí, amenazando de muerte al personal.
Después de estos hechos, la esposa fue transferida al refugio de Cancún y el agente ha amenazado de muerte a Lydia Cacho si no la entrega. Al denunciar las agresiones ante el delegado de la PGR, éste recomendó a la activista que «no se meta con él», ya que estaba «muy protegido por sus jefes».
En el caso de Jiménez Potenciano, éste acudió el 16 de noviembre de 2004 a las oficinas del CIAM-Cancún, donde su esposa e hijo de 3 años de edad han recibido protección de sus agresiones. Potenciano llegó al CIAM con armas de alto calibre y amenazó de muerte al equipo y, después, por vía telefónica y con mensajes de terceros, a Lydia Cacho, si no le devolvían a su mujer y a su hijo.
Cacho informó que en su declaración ante la PGR, denunció que Jiménez Potenciano, un presunto narcotraficante, huyó de las autoridades estatales y federales luego de esa agresión e, igualmente, acusó a Hernández Castillón de perseguirla con un arma y amenazarla de muerte en varias ocasiones.
Además, destacó, el ex agente ha logrado evadir a la justicia durante dos años y desaparecer más de cinco denuncias formales por violencia intrafamiliar, amenazas y tortura sin ser detenido y, por el contrario, desde los primeros días de julio ha hecho más de 50 llamadas telefónicas al CIAM, preguntando por ella y amenazando a sus colaboradores si no retiran las denuncias en su contra.
En los últimos días, precisó, Hernández Castillón se ha presentado en Cancún en un par de ocasiones y los tres agentes federales que le asignó la PGR le comentaron que no podían detenerlo a menos que hubiera flagrancia, es decir, que la agrediera, por lo que optó por prescindir de los elementos policíacos.
«Nosotras estamos previniendo asesinatos, y para muchos agresores, que se consideran propietarios de sus mujeres, esto es absolutamente imperdonable. Pero también sabemos que estamos más fuertes que nunca, convencidas de que trabajamos para construir la paz y eso tiene un costo en una sociedad que se sostiene sobre el valor de la masculinidad violenta, y que se viste de corrupción», sostuvo.
05/LG/GM