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En Chiapas las mujeres indígenas son un cero a la izquierda

Por Patricia Chandomí, corresponsal

En Chiapas el 88 por ciento de la población vive en alta y muy alta marginación; las mujeres son más vulnerable a la pobreza estructural de acceso a recursos, propiedades, educación, salud y dignidad laboral, reportaron el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH).

Advirtieron que la pobreza de las mujeres indígenas es el elemento central de la marginación; en el estado el 45.5 por ciento de la población vive en la pobreza y el 32.5 por ciento en pobreza extrema, es decir que el 78 por ciento de la población no cuenta con los recursos indispensables para vivir dignamente, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El informe de las organizaciones civiles remarca que en Chiapas 9 de cada 10 habitantes tiene un grado de marginación medio, alto y muy alto, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y rurales, donde 94 por ciento de ellas tienen como ocupación principal el trabajo en el hogar.

El reporte refiere que el monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres de sus Derechos Humanos (DH).

El 6.4 por ciento de las chiapanecas son analfabetas, pero en algunos municipios indígenas, como Mitontic, este índice alcanza casi el 50 por ciento o más. En las regiones indígenas y rurales el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o el padre de familia.

Igualmente, sólo entre 5 y 8 por ciento de las mujeres gozan de derechos sobre la propiedad de la tierra.

“En el caso del acceso a la tierra, las leyes en materia agraria no niegan el derecho de las mujeres a la propiedad y posesión de la tierra. Sin embargo, el gobierno mexicano tampoco sanciona a las autoridades ejidales o comunales que permiten que los programas de reparto, titulación y certificación de reglamentos internos excluyan a las mujeres de este derecho”, dijeron las agrupaciones.

Denunciaron que hay casos en los que mujeres indígenas “han sido expulsadas de su comunidad, despojadas de sus tierras en aplicación de estas normas consuetudinarias y discriminatorias”.

COLEM y CDMCH advirtieron también que las instancias de procuración y administración de justicia en el estado no cuentan con equipos multidisciplinarios, para la investigación de delitos graves como el feminicidio.

“No existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales, bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas”, sostuvieron ambas organizaciones.

“El Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado.

“El hecho de que el Estado mexicano rara vez sancione la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna a su perpetuación”, indica el informe entregado el pasado mes del julio al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

En Chiapas como en otras entidades federativas, insistieron COLEM y CDMCH, la violencia contra las mujeres tiene una incidencia muy alta.

De acuerdo con la última estadística disponible, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 28.2 por ciento.

En el caso de las mujeres indígenas, el 34 por ciento reportó golpes/humillaciones en la infancia, y 25 por ciento sufrió violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año. En la región de los Altos esta cifra se elevó a 41.4 por ciento.

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