Inicio En Chiapas no cerrarán caso de abuso sexual cometido en 1995 contra Julieta

En Chiapas no cerrarán caso de abuso sexual cometido en 1995 contra Julieta

El Gobierno de Chiapas cerró con una negociación amistosa, como lo solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de Reyes Penagos Martínez, detenido, torturado y ejecutado extrajudicialmente en 1995 por servidores públicos, pero continúa abierta la investigación sobre la detención arbitraria, tortura y violación sexual tumultuaria que sufrió Julieta el mismo año, también en Jaltenango la Paz o Ángel Albino Corzo.

Martha Figueroa Mier, quien llevó el caso ante la CIDH junto con la Comisión Mexicana de Promoción de Defensa de los DH y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, explicó que la investigación sobre los ataques contra Julieta y la tortura perpetrada contra Enrique Flores González continuará, pues es parte del convenio firmado ayer entre el Gobierno de Juan Sabines y la CIDH.

La abogada estuvo acompañada por la Viuda de Reyes Penagos, su hija Betzabé y Julieta, una de las torturadas.

El perdón no es suficiente, reitera la defensoría. Y aunque el gobierno reconoce la tortura y les pide perdón públicamente,les da una pequeña indemnización, que no suple el proyecto de vida que tenía la familia Reyes Penagos y se cortó con su muerte, como no suple tampoco las secuelas del ataque contra Julieta y Enrique.

Luego de 13 años de seguimiento afirma que el caso de Reyes Penagos no avanzó jurídicamente en los juzgados, porque los responsables se ampararon. De ahí que hayan ido ante la CIDH.

Hoy, el Gobierno estatal está obligado a darles a los huérfanos una beca para sus estudios y asumió el compromiso con las familiasde Reyes, de Julieta Flores y de Enrique de darles un seguro popular que cubre gastos médicos, además del perdón público.

“Esos compromisosdemuestran que hay voluntad del Estado… cuando se le presiona, dice la Abogada, para arreglar lo que no se arregló en su momento”.

Señala que 13 años después está por prescribir el caso. A las secuelas físicas y psicológicas que padece Julieta por la violación tumultuaria que sufrió, se sumó la condena de familiares, esposo y la comunidad entera que la juzgó y discriminó y desprestigio.

Las autoridades han tratado de archivar el caso, pero las y los abogados de las víctimas no lo han permitido y se ha llevado aparte la violación sexual de Julieta, con otros elementos, explica Figueroa.

JULIETA

En 1995, Julieta vivía en la población de Nueva Palestina y fue detenida por elementos policíacos cuando le avisaron que su papá estaba detenido por el bloqueo carretero que tenía la organización a la que pertenecían en esa comunidad.

Corrió a ver qué pasaba. Preguntó por él y los policías la agarraron del cabello y la subieron a una camioneta. Los policías afirmaron que se llamaba Juana y la traían de un lado a otro. En las instalaciones de la policía la interrogaron, la golpearon y en una de las celdas fue violada tumultuariamente por policías o ministerios públicos.

Le introdujeron un objeto eléctrico en la vagina y se lo pusieron también en los senos y genitales. Eso le dejó secuelas físicas y emocionales y provocó que en su comunidad quedara “desprestigiada” y estigmatizada, lo mismo en su familia y con su esposo.

Hoy, 13 años después, tiene aún huellas físicas, cicatrices visibles y padecimientos que afectan su salud y le recuerdan los hechos.

Sin embargo, por esos actos no hay nadie detenido. En su momento detuvieron a varios, pero se ampararon y las autoridades fallaron a su favor,”más por las formas que por el fondo en que se armaron”, comenta la abogada Figueroa.

Quienes investiguen los actos cometidos contra Julieta deben ser autónomos, explica la abogada, porque no es posible que si los funcionarios del Ministerio Público cometieron las agresiones sean ellos mismos quienes se investiguen y se inculpen. Por eso lograron su libertad en el amparo que interpusieron, dice.

En febrero del año pasado, el gobierno de Juan Sabines pidió perdón a la viuda, hijas e hijos y torturados, al reconocer públicamente la responsabilidad del Estado por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez y las detenciones arbitrarias y tortura cometidas en 1995.

Sin embargo, los culpables están en libertad. Y con el perdón, la indemnización, las becas y el seguro, el Gobierno cierra el caso.

VIOLACIONES EN ESCENARIOS DE CONFLICTO

Al referirse a las violaciones que se registran contra mujeres en escenarios de conflictos, Martha Figueroa sostiene que “la violación es parte de las estrategias de los conflictos armados, de esta guerra de baja intensidad que ocurre en Chiapas y se manifiesta contra las mujeres”.

Destaca la abogada la necesidad de separar los casos para que se visibilicen. Debe haber también, dice, una justicia individualizada para que no ocurra como en este caso, donde queda oculta la violación sexual, la tortura, como si quedara subsumida en otros delitos. Se deben pedir cuentas aparte por esta situación, aunque sea tardado el proceso, dice.

Todo es posible, enfatizó, en la medida que la gente conozca sus derechos, los reclame y los exija y forje la obligación del Gobierno, porque no hay tal, los gobiernos tienen que ser forzados, presionados. “Es una lástima que se realizan a través de canales internacionales porque parce que les importa más lo que se dice en Washington que en una agencia de Ángel Albino Corzo”.

DEUDA DE JUSTICIA

Creo, considera la abogada Figueroa, que el Estado mexicano, no sólo el de Chiapas, tiene una deuda con Julieta, que no se puede nominar en un cheque.”

Es necesario cambiar las leyes, para que los crímenes contra las mujeres no se hagan invisibles. “Las muertes dentro del matrimonio, por ejemplo, se minimizan considerándolos crímenes pasionales”.

Por eso propone el otorgamiento de presupuesto para laatención real enla administración de justicia, para que no se gaste en campañas inútiles y espectaculares que dicen que los golpeadores irán a la cárcel, cuando esto no es cierto, porque siguen impunes.

08/CR/GG/CV

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