En Costa Rica siete de cada 10 homicidios de mujeres son feminicidio y de éstos la mitad los cometen las parejas o ex parejas de las víctimas, reveló Floribeth Rodríguez Picado, fiscal de Juicio de ese país.
En el foro, Las Mujeres frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal en América Latina, la especialista agregó que las cifras denotan la peligrosidad de una relación sentimental para una mujer, quien no percibe a su pareja como un agresor que puede poner en riesgo su vida.
Durante el encuentro que organizó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la especialista precisó que nueve de cada 10 homicidas no tienen antecedentes penales y agregó que el fenómeno es un problema mundial que afecta la vida de miles de personas, directa o indirectamente, porque tiene un impacto en la vida social, económica y política de las naciones.
Luciana Sánchez, investigadora y asesora sobre incorporación de la perspectiva de género en las reformas penales de Argentina, y Floribeth Rodríguez coincidieron en que las reformas penales y la creación de nuevas leyes no van a solucionar los problemas de violencia que enfrentan las mujeres.
Pero si el derecho penal no cumple con su función instrumental de evitar los delitos, entonces debe cumplir con su función simbólica de enviar el mensaje a la sociedad de cero tolerancia a la violencia de género, resaltaron las ponentes.
Gabriela Lucina opinó que la única manera de combatir la violencia de género es con la prevención, pero las políticas públicas son insuficientes y para resolver este problema tan grave debe cambiar todo el sistema de atención; es necesario que tanto las autoridades como las OSC no vean la penalización como la mejor opción para acabar con la violencia de género, señaló la abogada argentina.
Esto no quiere decir que los feminicidas y aquellos que agreden a las mujeres no deban ir a prisión, ¡claro que merecen cárcel!, pero esta medida no acaba con el problema. El sistema carcelario es discriminatorio porque sólo llegan a prisión las personas pobres y éstas no son las únicas que generan violencia, argumentó.
ESTEREOTIPOS JUSTIFICAN AGRESIONES
Rodríguez Picado reiteró que es necesario acabar con estereotipos que justifican la violencia, como: la mujer provoca ser violentada, la mujer acepta y disfruta la violencia, la mujer dice no cuando quiere decir sí, las mujeres denuncian falsamente. Un contexto desolador para ellas cuando recurren a los tribunales con la esperanza de encontrar un poder que compense el del hombre que ha establecido un efectivo control social, canaliza descontentos y demuestra autoridad sobre «una propiedad», subrayó.
En el encuentro, que se organizó con el propósito de identificar los retos del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en los nuevos sistemas penales en América Latina, la especialista recordó que la discriminación por razones de sexo es una práctica prohibida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos.
Precisó que Costa Rica aprobó en 1984 la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ley que se concretó con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en 1990.
En 1996 aprobaron la Ley contra la Violencia Doméstica. En 1999 crearon la Ley contra la Explotación Sexual de Personas Menores de Edad, legislación que elimina conceptos sexistas y discriminatorios que impedían la protección de las personas ofendidas y la sanción de conductas jurídica y socialmente reprochables.
En el 2007 entró en vigor la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres en Costa Rica.
En el foro Las Mujeres Frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal en América Latina también participaron Gabriela Luciana Sánchez, investigadora y asesora sobre incorporación de la perspectiva de género en las reformas penales de Argentina; Ana Lorena Delgadillo Pérez, consultora del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Así como Irma Campos Madrigal, coordinadora del Grupo 8 de Marzo; Claudia Alonso Pesado, consejera del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; Rossina Uranga Barri, psicoterapeuta especialista en violencia de género; Lucha Castro, Irma Villanueva Nájera y Jazmín Flor Solís Tovar, abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
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