En debate de nueva Constitución, los derechos de las capitalinas

De cara a los comicios del próximo domingo 5 de junio para integrar la Asamblea Constituyente que analizará y aprobará la Carta Magna de la Ciudad de México, las feministas hacen escuchar su voz para que la futura Constitución capitalina estipule, refuerce y garantice los derechos de las mujeres en esta urbe.
 
Ya sea por la vía partidista, independiente o a través de grupos civiles y sindicalistas, las mujeres han presentado una diversidad de propuestas con miras a que la ley suprema de la capital del país estipule la no discriminación y la no violencia, y preserve la conquista legal alcanzada en 2007 para decidir libremente sobre la maternidad.
 
La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputaciones, 40 por designación y 60 electas por la ciudadanía. Su función será analizar y aprobar el borrador del texto que elabora una Comisión Redactora, integrada por 28 especialistas, de los cuales 13 son mujeres.
 
“CONTRATO SOCIAL DE GÉNERO”
 
Así por ejemplo, una de las candidatas externas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Constituyente, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos planteó –al presentar sus propuestas en un evento organizado por el sol azteca capitalino– que el próximo texto constitucional debe ser un “contrato social de género”, que redefina normas de convivencia democrática, de desarrollo sustentable y solidario, además de los derechos de las mujeres. 
 
Dijo que de llegar a la Asamblea pugnará porque las garantías a favor de las capitalinas estén “de manera integral y transversal, desde la primera hasta la última página” de la futura Carta Magna.
 
La autora de “Los cautiverios de las mujeres: madres, monjas, putas, presas y locas” tiene amplias posibilidades de lograr una curul, al ocupar el tercer lugar en la lista de candidaturas del PRD.
 
Lagarde es ampliamente reconocida como una de las principales teóricas del feminismo en México y América Latina. En 2003 fue diputada federal por el sol azteca y desde el Congreso redactó y promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se estipulan el delito de feminicidio y la Alerta de Violencia de Género (AVG), actualmente en operación en los estados de México, Morelos y Jalisco.
 
La también docente de la UNAM y fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres destacó que en la Constitución debe asentarse la obligación del gobierno local de realizar acciones puntuales y eficaces, para eliminar la desigualdad, la “supremacía masculina y la subordinación de las mujeres”.
 
A decir de la experta en género, la Carta Magna capitalina deberá incluir el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas, a la participación política en igualdad, a la educación y comunicación libre de estereotipos, a una vida libre de violencia, y a la libre expresión de ideas y de manifestación.
 
Marcela Lagarde acotó que algunas mujeres en la urbe ya gozan de los derechos sexuales, sociales, económicos, políticos o culturales alcanzados en la ciudad, pero otros son derechos aún anhelados y necesarios, que no goza la mayoría de las capitalinas.
 
La antropóloga también dijo que la Constitución será redactada con un lenguaje incluyente y respetuoso de la diversidad.
 
INDEPENDIENTES EN LUCHA
 
En el mismo tenor, las feministas y candidatas independientes Elsa Conde Rodríguez y Orfe Castillo Osorio, titular y suplente respectivamente, informaron que su plataforma de campaña se sustenta en tres ejes: autonomía económica, reproductiva y política para las mujeres.
 
Este lunes 16 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral otorgar el registro a ambas aspirantes, luego de que en un primer momento el INE invalidó las miles de firmas de apoyo ciudadano presentadas por Elsa Conde y Orfe Castillo, para acceder a las candidaturas independientes.
 
Conde fue diputada federal por el Partido Alternativa Social Demócrata y militó en México Posible, y ahora es integrante de la Red Mujeres en Plural y de otras campañas feministas.
 
En tanto, Orfe Castillo fue directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y actualmente forma parte de Asociadas por lo Justo y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Fue también funcionaria en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
 
Entre sus propuestas rumbo a la Constituyente, destaca la inclusión de principios ya vigentes en la ley como el Estado laico, y derechos en la ciudad como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como el matrimonio entre las personas del mismo sexo.
 
Igualmente, las candidatas han remarcado su posición a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la libre orientación sexual, y políticas para conciliar la vida laboral y familiar, así como las escuelas de tiempo completo, todo a favor de las mujeres.
 
Ambas feministas apuestan a que la Carta Magna contemple principios rectores que se desarrollen luego en leyes secundarias en temas como la denuncia ante el acoso u hostigamiento sexual, o las políticas de movilidad y de justicia con visión de género.
 
DERECHOS LABORALES SIN REGATEOS
 
En paralelo, activistas y sindicalistas feministas propusieron que la próxima Constitución Política de esta capital estipule el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia laboral para las mujeres.
 
Integrantes de la Campaña Trabajo Digno y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) entregaron a Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución local, una propuesta ciudadana sobre derechos laborales con enfoque de género.
 
Norma Malagón Serrano, de la RMS, resaltó cuatro ejes primordiales que deberían quedar plasmados en la Constitución: el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia, y el acceso a la justicia laboral.
 
La sindicalista advirtió que otras propuestas en materia laboral rumbo a la Constituyente han omitido la necesidad de garantizar la estabilidad en el empleo para las trabajadoras, lo que se traduciría en hacer efectivo el acceso a la seguridad social para todas, y evitar despidos injustificados.
 
“Estos temas constituyen la raíz de la desigualdad laboral y salarial que enfrentan las mujeres”, observó la experta en Derechos Humanos laborales.
 
Asimismo, para integrantes de la Campaña Trabajo Digno otro tema ausente en las propuestas es el acceso a la justicia laboral con enfoque de género. Y es que –señalaron– las instancias judiciales juzgan todos los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo o violencia laboral como despidos injustificados, lo que “invisibiliza” las causas que originan estos abusos.
 
Y es que según datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, en 2015 cerca de 10 mil solicitudes de asesoría por abusos laborales fueron de mujeres; más de 5 mil correspondieron a trabajadoras de entre 31 y 60 años, y más de 6 mil fueron de empleadas con un ingreso inferior a los tres salarios mínimos.
 
En los casos considerados como “especiales de género” se reportaron asesorías para trabajadoras del hogar, mujeres hostigadas, despidos por embarazo y discriminación.
 
Otra propuesta de la Campaña Trabajo Digno es que la Constitución reconozca para las trabajadoras del hogar remuneradas todos los derechos que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad social obligatoria y prestaciones, garantías que a nivel federal son negadas ante la falta de ratificación del Estado mexicano a ese convenio.
 
*Con información de Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa
 
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