Organizaciones ciudadanas protestaron por el nombramiento de Jesús José Solís Silva como procurador general de Justicia en Chihuahua, tras responsabilizarlo de episodios que han vulnerado el Estado de derecho y atentado contra los derechos humanos en la entidad.
Representantes de los sectores empresarial, social, académico, y estudiantil expusieron que una de las demandas más sentidas de la ciudadanía chihuahuense es la ineficacia en la procuración de justicia y la impunidad generalizada que se vive en el estado, particularmente en Ciudad Juárez –donde se asesina a mujeres desde 1993–, Parral y la región de la zona tarahumara.
En un documento, los activistas -que omitieron sus nombres por obvias razones–, documentaron a través de notas periodísticas una serie de atropellos y abusos contra la población, ocurridos entre 1980 al 2001, lapso en que Solís Silva ocupó distintos cargos al frente de la Policía Judicial, Seguridad Pública y Gobernación.
Entre las denuncias destacan golpizas a niños, mujeres y ancianos para despojarlos de sus tierras; arresto de homosexuales, zafarranchos protagonizados por Solís Silva; abuso de poder y actos de corrupción.
Entre 1992 y 1995, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió más de una veintena de recomendaciones y acuerdos a la Dirección de Seguridad Pública, siendo titular Jesús José Solís Silva por detenciones indebidas, abuso de autoridad, detenciones y violencia física injustificada, cobro indebido de multas, negligencia, maltrato a homosexuales dedicados a la prostitución , robos de objetos personales y dinero.
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