El renovado interés de la Iglesia católica por defender la familia nuclear como única válida para la sociedad, desconociendo la diversidad de arreglos familiares y las transformaciones entre las generaciones y entre los sexos, significa retroceso para los derechos humanos de las mujeres.
Lo advierten expertas y expertos de diferentes disciplinas, quienes ven con alarma la aprobación de ese modelo familiar por parte de Felipe Calderón pues esto, dice María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, podría avalar la postura de la jerarquía católica conservadora en temas referentes a los derechos humanos de las mexicanas.
Aún más, dice Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México (Colmex), la posición de Calderón puede ser vista por funcionarios federales como «banderazo de salida» para implementar políticas públicas favorables a las posiciones de la Iglesia, en detrimento de las mujeres.
El «ideal» de establecer sólo familias nucleares nada tiene que ver con la realidad, señalan académicos que participarán en el seminario Familias en el siglo XXI: Realidades Diversas y Políticas Públicas, convocado por el Colmex, Católicas por el Derecho a Decidir, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Red Democracia y Sexualidad, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y Population Council.
El modelo familiar de los jerarcas católicos, como señalaron en el Encuentro Mundial de las Familias, realizado en el DF, significa para las mujeres renunciar a garantías individuales consignadas en la Constitución, como la decisión sobre la maternidad, sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos.
Implicaría cancelar políticas públicas sobre anticoncepción y la interrupción legal del embarazo, integradas hoy a la vida política del Estado laico y que significan logros de organizaciones de mujeres y el movimiento feminista.
Significa también la renuncia de las mujeres a la realización de trabajo remunerado, pues, como indicaron Ennio Antonelli y Javier Lozano Barragán, presidentes de los consejos de la Familia y Salud de la Iglesia católica, las mujeres deberían dedicarse a las labores del hogar porque al trabajar rompen con la unidad familiar y descuidan la educación de los hijos.
En suma, plantean retomar lo que aconsejaba en el siglo XVI fray Luis de León en La perfecta casada: «los fundamentos de la casa son la mujer y el buey; el buey para que are y la mujer para que guarde. Por la manera que su misma naturaleza (nacieron para sujeción y humildad) hace que sea de la mujer este oficio y la obliga a esta virtud y parte de su perfección».
Es decir, como dijo el fraile hace más de cinco siglos y retoman hoy jerarcas católicos del siglo XXI, la mujer debe alcanzar la gracia para que «acierte a criar el hijo, y a gobernar bien la casa, y a servir, como es razón, al marido».
Son «regresivas y discriminatorias» esas declaraciones de Antonelli y Lozano sobre la obligación de las mujeres en el hogar, para no romper la unidad familiar, respondió Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, y demandó respeto a los logros de las mujeres a favor de sus derechos. «Esas declaraciones, afirmó, niegan completamente la realidad que enfrentamos las mujeres mexicanas».
NUEVOS ARREGLOS
En México no hay un modelo único de familia. En la última década el número de familias nucleares (biparentales con hijos) no rebasa 50 por ciento y la otra mitad corresponde a otro tipo de familias, revelan diversos estudios.
Crecen los hogares encabezados por mujeres: en 1990, representaban 16.5 por ciento del total y para 2005 sumaban ya 23.1 por ciento, indica el Conteo de Población y Vivienda del INEGI. Y al interior de los hogares monoparentales, en 2005, 8.5 de cada 10 tenían jefatura femenina.
Para las jefas de esos hogares, esto significa una sobrecarga de trabajo remunerado y doméstico de alrededor de 10 a 15 horas extras. En 40 por ciento de los hogares de las áreas rurales las mujeres trabajan dentro y fuera de él, informa Clara Jusidman, presidenta de Incide.
La llamada feminización de la migración revela también los reacomodos familiares a que se ven obligadas las mujeres pobres.
En contraste, la integración de las mujeres al mercado de trabajo no ha significado en el país un aumento de políticas públicas que respondan a esa condición, pues la seguridad social tiende a desparecer y la inequidad laboral tampoco decrece. A ello se suma la crisis económica.
«Cuando uno ve las políticas públicas, confirmamos que la familia está desprotegida, pues los salariosactuales no facilitan la unidad familiar, sino su desintegración», dice Raúl Vera, obispo de Saltillo.
Ante eso, considera Jusidman, es importante la aplicación adecuada y revisión de políticas públicas y de servicios que respondan a la realidad de las mujeres y sus familias.
LAICIDAD, EQUIDAD Y POLÍTICAS
El respeto al principio de laicidad es condición indispensable para iniciar el debate en relación a las familias, señala el Observatorio de Familias y Políticas Públicas.
Coincide en ello Brígida García, de El Colmex: las políticas públicas del Estado y la jerarquía católica deben garantizar la coexistencia integral de los hogares liderados por madres solteras que actualmente representan una quinta parte del total de las familias de México.
La mujer al frente del hogar, explicó, «no es una actitud egoísta, ni siquiera de elección y autonomía personal. Las circunstancias políticas y económicas, así como de vivencia cotidiana contraponen la existencia única del hogar nuclear, con la madre en las tareas domésticas, los hijos en la escuela y el padre como proveedor del sustento».
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