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En DF y Edomex familias deben comprobar feminicidio

Por Anaiz Zamora Márquez
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En el Estado de México y el Distrito Federal las familias de las víctimas de feminicidio deben probar que se cometió el delito y no el personal judicial, lo que implica un incumplimiento de los gobiernos para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia.

Hoy, durante el último día de trabajo del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que celebró la preaudiencia “Violencia de Género y Feminicidio”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dio cuenta de los obstáculos para acceder a la justicia ante los asesinatos de mujeres.

El TPP conoció la forma en que opera la justicia en el centro del país, pues tanto en el Edomex como en el DF es una constante que los ministerios públicos y policías pongan en duda el dicho de las víctimas, pidan a las familias aportar datos y no resguarden de manera adecuada las pruebas.
 
A lo que se suma que las sentencias no son emitidas desde una perspectiva de género, por lo que los agresores no son sancionados de manera adecuada.

Yuridia Rodríguez, abogada del OCNF, expuso ante el comité dictaminador (conformado por especialistas en violencia contra las mujeres) cómo la falta de acceso a la justicia deriva en un severo desgaste físico, emocional y económico para las familias, que tras perder a una integrante entran a una espiral de revictimización y desvalorización.
 
Explicó que son las familias las que acaban invirtiendo tiempo y dinero en la búsqueda de pruebas, pago de peritos especiales y en trasladarse “una y otra vez al MP o la Procuraduría para ver si hay avances y en donde la única respuesta que reciben, luego de dos horas de camino, es que ‘tienen que volver después’”.

Advirtió que el recién promulgado Código Nacional de Procedimientos Penales, lejos de beneficiar a las mujeres, puede agravar la situación de no acceso a la justicia.
 
Esto porque, entre otras omisiones, la norma no considera la violencia de género como un “delito grave”, lo que abre la puerta a que los presuntos responsables puedan acogerse de los “procedimientos abreviados” (acortar el juicio con el reconocimiento de culpabilidad por parte del agresor), y al mismo tiempo prevé la conciliación en los casos de violencia intrafamiliar.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía (joven presuntamente asesinada en junio de 2010 en el Edomex por el agente judicial Julio César Hernández Ballinas), expuso todas las irregularidades y omisiones que se cometieron durante la investigación del caso de su hija.
 
Al mismo tiempo que no se cuidaron las pruebas, ni se resguardó adecuadamente el cadáver, se permitió que Hernández Ballinas aportara pruebas que no corresponden con las características de un caso que fue clasificado como “suicidio” por la autoridad judicial mexiquense.

Según la ahora defensora de Derechos Humanos (DH), incluso se le pidió presentara testigos presenciales del asesinato. En lugar de consignar al presunto asesino de su hija, la Procuraduría del Edomex ascendió a comandante a Julio César Hernández.

Por su parte, Guadalupe Gochi, madre de Karen Joanna Sánchez Gochi, joven de 20 años asesinada el 11 de junio de 2011 por Mario Gabriel Enríquez Pérez, testificó sobre la visión misógina de quienes imparten justicia, y que les impide diferenciar entre un homicidio y un feminicidio. 
 
“Aunque les he explicado reiteradamente que el asesino confeso de mi hija siempre tuvo una actitud de odio contra ella y el asesinato fue premeditado y por razones de género, no hemos logrado la reclasificación del delito” que derivaría en una sentencia adecuada.
 
Cabe recordar que pese a las pruebas aportadas para acreditar el delito de feminicidio, el Juez 52 de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Octavio Israel Cevallos, condenó a 35 años de prisión a Enríquez Pérez por homicidio calificado.
 
El Capítulo México del TPP emitirá su dictamen final sobre la situación general de violencia en México del 12 al 15 de noviembre próximo.
 
El TPP –nacido en Italia– es un tribunal ético de carácter no gubernamental que examina las causas de violación de los DH de los pueblos, y (tras evaluar los hechos) denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.
 
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