A pesar de que el programa del gobierno de Vicente Fox Arranque Parejo en la Vida (APV) tenía como único objetivo disminuir la mortalidad materno-infantil, fue insuficiente para lograrlo, sobre todo entre los grupos más vulnerables, pues cada día de este sexenio murieron entre tres y cuatro mujeres por esta causa, señala el Centro de Análisis e investigación Fundar.
En un estudio, la organización civil indica que los índices de mortalidad materna se reducirán en México hasta que las acciones encaminadas a combatir el problema se conviertan en una política pública.
Estrategias o programas como APV no lograron el objetivo de abatir los decesos de mujeres por causas asociadas a la maternidad, ni siquiera en los grupos más vulnerables, en los que se encuentran las adolescentes e indígenas.
El balance de la agrupación respecto a lo realizado por el gobierno de Vicente Fox en esta materia, señala, es desfavorable e insuficiente, ya que apenas se lograron evitar 234 fallecimientos en el periodo 2001-2005.
Y las entidades que reportaron los mayores niveles de defunciones fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y aunque los operadores del programa APV recalcaron la vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes y las indígenas, al terminar el sexenio estos grupos se mantienen en las mismas condiciones de vulnerabilidad, advierte el informe.
Fundar señala, en una serie de cuadernillos presentados en días pasados, que con estos resultados la posibilidad de conseguir la meta comprometida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), de bajar las muertes a 22.3 por cada 100 mil nacimientos para el año 2015, cada vez se ve más lejana para nuestro país. Hasta el año pasado, la tasa se ubicó en 63.4 por 100 mil nacimientos.
De igual manera, la organización informó que uno de los aspectos críticos de la forma en que ha operado APV es que no contempla recursos para infraestructura, equipamiento, medicamentos y transporte, por lo cual su funcionamiento se debe ajustar a los insumos existentes en las comunidades en que funciona.
Para Fundar es un hecho grave que la Secretaría de Salud (SSa) nunca consideró gastar en estos rubros. En consecuencia, el aporte privado sustenta una parte fundamental de la operación de dicho programa.
Entre las deficiencias en los servicios médicos, la organización civil detectó incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, a lo que se suman las carencias de insumos, incapacidades del personal médico, subutilización del primer nivel de atención, saturación de hospitales, e incluso prácticas racistas y discriminatorias.
En este sentido, el análisis resalta el problema del transporte que enfrentan las mujeres que viven en comunidades alejadas y de difícil acceso, el cual APV dejó bajo la responsabilidad de las mismas localidades, a pesar de que es un mecanismo prioritario para disminuir la muerte materna.
De la misma manera, la organización encontró que donativos hechos por la iniciativa privada no llegaron a los grupos que más los necesitaban, o bien se colocaron en hospitales generales, en donde tampoco logran acceso los grupos más vulnerables.
En relación con la forma en que se asignó el presupuesto en esta administración, Fundar resalta que la entrada en vigor del Sistema Nacional de Protección Social en Salud repercutió en la invisibilidad del gasto asignado a APV y a la salud materna en general.
Los estados de la República tienen la facultad de utilizar los recursos discrecionalmente, pero Fundar comprobó que no se destinan montos específicos para reducir la mortalidad materna, sino en general para la atención del embarazo, parto y puerperio.
Es por ello que Fundar asegura que la mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza. En suma, un reflejo de la situación de atraso y rezago en la que vive un sector de las mujeres mexicanas, pues el hecho de que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud.
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