La visita a Guerrero de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Louise Arbour, a partir de mañana, es muy significativa, porque representa una prioridad para la ONU y porque reconoce que aquí conviven trágicamente situaciones graves de derechos humanos con un movimiento vigoroso y creativo de la ciudadanía por la defensa de sus derechos.
Así lo señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, quien informó que la funcionaria de Naciones Unidas se reunirá en Chilpancingo con representantes de los pueblos y organizaciones indígenas en Huamuxtitlán, con el comité interinstitucional que trabaja en el diagnóstico estatal de los Derechos Humanos y con el gobernador Zeferino Torreblanca.
Después de la matanza de Aguas Blancas, dice el texto, nuestro estado focalizó las miradas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, por la deleznable actitud de las autoridades que consienten delitos de lesa humanidad y que ponen en grave riesgo la gobernabilidad democrática.
Desde 1996, se han tenido visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, de los relatores contra la tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales, de desplazamientos forzosos, sobre pueblos indígenas y de vivienda.
El año pasado, de manera extraoficial, recuerda Tlachinollan, vino a La Montaña el Relator sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante, para conocer el caso del niño David Salgado Aranda, quien murió atropellado por un tractor en un campo agrícola de Sinaloa.
En todas estas visitas, las víctimas, junto con sus familiares y organismos civiles de derechos humanos, han presentado sus testimonios a los expertos internacionales para pedir su intervención y hacer posible la justicia negada por las autoridades.
Para la ONU existe una gran preocupación por lo que sigue ocurriendo en nuestro estado, indica Tlachinollan. A pesar de que hay un nuevo gobierno, se mantiene intacta la estructura represiva del estado que violenta los derechos humanos y se sigue colocando fuera de la legalidad a quienes se atreven a desafiar a un sistema injusto e impune que hunde en la pobreza y la injusticia a la población más desamparada, como son los pueblos originarios de nuestra entidad.
En junio de 2003, el relator especial sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su visita a la Costa Chica y Montaña de Guerrero, documentó la alta conflictividad agraria que se vive al interior de los pueblos indígenas y campesinos, por la disputa de tierras y recursos naturales.
Esta realidad la constató en la comunidad de Agua Caliente, donde campesinos opositores a la presa La Parota le manifestaron su malestar por la forma como los gobiernos federal y estatal han querido imponer el proyecto, sin informarles ni consultarlos.
En su recorrido, recuerda el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el relator conoció la experiencia exitosa de la Policía Comunitaria, al grado que en su informe recomendó a los gobiernos «reconocer, respetar y apoyar a la policía comunitaria, los juzgados indígenas y otras formas de solución de conflictos propias de estos pueblos».
Ante los testimonios desgarradores de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’ phaa que fueron violadas por elementos del Ejército, ha planteado que el Ejército debe ser replegado de las inmediaciones de las comunidades indígenas, y que su presencia en estas regiones deben ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales.
Ante la persecución de líderes de organizaciones sociales, el relator emplaza a las autoridades para que la justicia estatal no sea utilizada por intereses caciquiles o de grupos de poder, con el objeto de criminalizar o penalizar la legítima protesta o la disidencia social.
Por la creciente problemática de los jornaleros agrícolas y migrantes internacionales, aboga por una protección especial a esta población dándoles una prioritaria atención a las mujeres, niñas y niños indígenas. Recomienda también que se fortalezca el sistema de educación bilingüe intercultural con recursos suficientes para que pueda cumplir de manera eficiente con sus objetivos.
Plantea que se legisle para permitir el libre acceso de los pueblos indígenas a las ondas de radio y televisión, garantizando el derecho al uso y disfrute de estos medios.
En este pequeño recuento del informe del relator, señala Tlachinollan, se encuadra la temática que abordarán los representantes de los pueblos indígenas y de las mismas víctimas, que tendrán la oportunidad de dialogar con plena libertad con la Alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
DIÁLOGO
Entre los invitados estará una representación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), algunosintegrantes de la Organización del Pueblo Indígena M’e phaa (OPIM) de Ayutla, los comisarios que pertenecen al Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la variante lingüística Ba thaa; una representación de la comunidad Na’a savi de Mini Numa, municipio de Metlatónoc; los indígenas esterilizados de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla; familias de jornaleros agrícolas; la Coordinadora Regional de Autoridad Comunitarias de la Costa Montaña y los integrantes de la Radio Ñoomndaa de Xochistlahuaca.
PRUEBA PARA EL GOBIERNO
Esta visita –considera Tlachinollan– pone a prueba al nuevo gobierno del estado que no ha podido demostrar en los hechos su compromiso por el respeto y la protección de los derechos humanos de las y los guerrerenses. Por el contrario, se han consumado graves violaciones a estos derechos que tienen como causa la cerrazón política y la ausencia de espacios para el diálogo, que posibiliten la solución de los conflictos de manera pacífica.
El sistema de justicia estatal sigue entrampado en la impunidad y la corrupción, causando graves daños a la población más vulnerable del estado. La ausencia de oportunidades para estudiar y trabajar ha provocado exasperación entre los sectores más politizados, quienes han acudido a la acción directa para hacer valer sus demandas. La respuesta del gobierno ha sido la represión y el encarcelamiento.
Hoy, el anhelo de justicia de las y los olvidados sigue encontrando eco en el plano internacional y lo más satisfactorio es que sigue creciendo desde la raíz la organización de los pueblos, para levantarse del fango y luchar dignamente por una sociedad de iguales, dicen.
La señora Arbour, finaliza el comunicado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, será como la lluvia buena que humedecerá los sueños y las esperanzas de todas y todos los guerrerenses que luchan a corazón partido, para que florezca la justicia en la Montaña.
08/GG/CV
