Condenar de forma categórica cualquier intento de suspender derechos inderogables en Honduras pidió este día José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas, a José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado público.
En particular, expresa Vivanco, deberá recordársele claramente a las autoridades y a los representantes del Congreso Nacional de Honduras que «los actos de tortura, el trato inhumano o degradante y las desapariciones forzadas están absolutamente prohibidos y pueden ser investigados como crímenes internacionales».
A raíz del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio pasado en el país centroamericano, «hemos recibido denuncias sobre abusos graves cometidos por las fuerzas de seguridad hondureñas [que] incluyen el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de censura», expresa Vivanco.
El documento precisa que, de acuerdo con defensores de derechos humanos locales, las fuerzas de seguridad hondureñas han herido y detenido a varios manifestantes. El 29 de junio «habrían detenido en Tegucigalpa a 91 personas, 14 de las cuales resultaron heridas. Los detenidos fueron retenidos por horas sin que se les formularan cargos en su contra y se los liberó más tarde ese mismo día».
También, el 30 de junio, las fuerzas de seguridad «habrían detenido a seis personas, y herido a otras siete que participaban en una manifestación pacífica en el municipio de El Progreso. Los seis detenidos fueron acusados del delito de rebelión y liberados en forma condicional al día siguiente. Tres de los manifestantes heridos aún se encontraban hospitalizados ayer a la tarde».
Respecto a la censura a medios de comunicación, Vivanco expresa haber recibido «denuncias creíbles de aparentes actos de censura contra medios de comunicación, incluida la supuesta detención del caricaturista Allan McDonald y de su hija de 17 meses; la detención temporal de los corresponsales de TeleSUR, Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz y Freddy Quintero, y la incautación de sus notas y equipos».
A la lista, Vivanco añade la clausura temporal de Canal 8 y Radio Progreso, del Canal 36, y la interferencia en la transmisión de Telesur y CNN en Español, así como la prohibición para que Radio Globo emitiera su señal.
Dada la información que hemos recibido en los últimos dos días sobre la comisión de abusos graves –enfatiza Vivanco a Insulza—»nos preocupa que exista un riesgo real de que la suspensión de estos derechos pueda utilizarse para perpetrar otras violaciones de los derechos humanos».
El derecho internacional, recuerda el alto funcionario de la OEA, reconoce que los Estados pueden suspender ciertas garantías «en caso de guerra, de peligro público, o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado», pero «algunos derechos nunca pueden suspenderse, como el derecho a la integridad personal y las garantías judiciales básicas».
Por ello, remata, «lo exhortamos a que examine minuciosamente el contenido del decreto a fin de determinar si es compatible con el derecho internacional».
09/RMR
