Dicen que el hábito no hace al monje y aun cuando José Ángel Córdova, secretario de Salud, quiso mostrar un rostro de «avanzada» al marchar junto a la comunidad gay y lesbiana en vísperas de la Conferencia Mundial de SIDA –en un intento por convencer de que en México sí existe Estado laico y que la Secretaria de Salud (SS) se apega a la ley y no al dogma religioso– los hechos dicen de todo lo contrario: en la SS rige el dogma religioso.
Digo esto con base en lo sucedido el pasado miércoles 28 de enero, cuando el Comité Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud sesionó de manera extraordinaria, ante una convocatoria hecha con 24 horas de antelación, para rediscutir la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres (NOM 046).
Dicha sesión se realizó a petición del director Jurídico de la dependencia sanitaria, Bernardo Fernández Del Castillo quien, dicho sea de paso, fue el abogado defensor del cardenal Norberto Rivera Carrera y está vinculado con grupos ultraconservadores, lo que habla de su visión también conservadora, por lo que su nombramiento, en mayo pasado, provocó el rechazo de incontables organizaciones civiles, incluidas las que trabajan por los derechos de más de la mitad de la población de este país.
Así, de manera sorpresiva, tras seis meses de retraso de la publicación de la NOM 046 aprobada en julio del año pasado, apareció en escena un nuevo documento preparado por el Director Jurídico de la SS, quien el martes pasado convocó a una reunión extraordinaria del Comité para rediscutir la Norma, sin que el nuevo documento fuera del conocimiento de las personas que integran dicho Comité.
En la sede de la SS se llevó a cabo esta reunión que echó por tierra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eliminó, con la nueva versión, la obligación del personal de salud de realizar interrupciones legales del embarazo y proporcionar la anticoncepción de emergencia en casos de violación.
En esta nueva versión de la Norma, la objeción de conciencia del personal de salud se coloca por encima de todo y se amplían los requisitos de las menores de edad que deciden interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación. Se deja, de esta manera, de proteger el interés superior de la infancia.
La actuación del Director Jurídico de la SS constata que la negativa de seis meses para la publicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres tenía toda la intención de echar por tierra aquello que la ley protege y el dogma anula: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Cabe recordar, lectoras y lectores, que el Estado mexicano se comprometió a modificar dicha Norma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 8 de marzo de 2006, mediante el Acuerdo de Solución Amistosa por el Caso Paulina, ante la necesidad de atender integralmente la violencia contra las mujeres y con el fin de ampliar su objetivo y ámbito de aplicación e incluir explícitamente el abordaje a la violencia sexual.
El dogma de Bernardo Fernández del Castillo gana, en la ilegalidad, por encima del derecho. Si la Norma se publica, quienes hicieron los cambios y quienes los aceptaron serán responsables, junto con el titular de Salud y el Ejecutivo federal, de violar los derechos humanos de las mexicanas. Y las mujeres tendrán una razón más para no votar por quienes atentan contra su vida y su cuerpo.
* Periodista y feminista mexicana, coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
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