México y la Unión Europea (UE) tienen un Tratado de libre comercio que incluye en su primer Artículo una «cláusula democrática» que entró en vigor hace casi ocho años.
Pero desde entonces, en México han tenido lugar los episodios de Atenco, Guadalajara y Oaxaca, donde policías federales y estatales cometieron graves y numerosas violaciones a los derechos humanos.
Desde que existe tal cláusula, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no cesan, México se ha convertido en una ratonera para periodistas al ser el país más inseguro después de Irak para ejercer el oficio, y los militares que el presidente Felipe Calderón sacó a la calle para combatir el narcotráfico han cometido diversos abusos contra mexicanos inocentes.
El colmo: las recientes desapariciones forzadas de dos presuntos guerrilleros, acto que el derecho internacional tipifica como «crimen de lesa humanidad».
Durante años, los funcionarios de la Comisión Europea (encargada de monitorear el cumplimiento de la Cláusula) y del Consejo de Ministros (quienes pueden activar dicha Cláusula como representantes de los 27 Estados miembros) han argumentado que «en México no hay una política de Estado contra los derechos humanos», por lo que no amerita que le levanten la voz y menos sanciones.
Hace poco platiqué con un funcionario de la Comisión Europea que trabaja en temas mexicanos. Con algo de escepticismo, aunque también con sorpresa, le escuché decir por primera vez lo siguiente: «después de ocho años de prueba, ya es hora de que la UE le hable más fuerte al gobierno mexicano en materia de derechos humanos». Sus superiores, sin embargo, no piensan lo mismo.
¿Por qué la UE no se pronuncia con mayor determinación sobre la cuestión? Hay muchas respuestas. Pero quizá una de las más concretas se resume a una sola palabra: lobby.
En Bruselas, sede de la Comisión Europea y del Consejo, una causa sin lobby tiene pocas posibilidades de llegar lejos. Y el problema es que aquí no hay suficiente lobby a favor de los derechos humanos en México; no hay una presión pública ni mediática en permanencia sobre los políticos europeos en este tema.
Hay que ver, por ejemplo, las oficinas de ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch en Bruselas, importantísimas a nivel de cabildeo.
El pasado 18 de diciembre, el entonces presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mexicano Luis Alfonso de Alba, visitó Bruselas y se entrevistó con ésas y otras influyentes ONG.
En México, Calderón había nombrado secretario de Gobernación al ex gobernador de Guadalajara, Francisco Ramírez Acuña, quien se negó a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de los manifestantes golpeados por su policía durante la Cumbre UE-Latinoamérica el 29 de mayo de 2004. Varias ONG de derechos humanos habían protestado por la nominación.
La junta de De Alba con ese selecto grupo de unas 6 ONG internacionales «a la que no dejaron entrar a la prensa» duró más de una hora. Cuando salió Reed Brody, el consejero y portavoz de HRW, le pregunté por el tema de México. Era la ocasión ideal para externar preocupación. Pero no. No hablaron, ni de pasada, sobre la situación en México.
Otro es el caso de las ONG europeas enfocadas en Latinoamérica: aunque están aumentando su influencia y comenzando a desarrollar sus habilidades mediáticas, todavía les cuesta posicionarse como un contrapeso al cabildeo de la embajada mexicana en Bruselas, que además tiene aliados, voluntarios o involuntarios, muy influyentes en instituciones clave.
En el Parlamento Europeo, que suele hacer eco de las inquietudes sociales, el gobierno de Calderón «como antes el de Fox» se apoya, principalmente, en la bancada española del Partido Popular Europeo, sobresaliendo José Ignacio Salafranca, el «Señor Latinoamérica» de esa institución y jefe de la misión de observación de las elecciones presidenciales mexicanas de 2006.
Los socialistas del Parlamento Europeo, con su desinterés por México, también han terminado sirviendo de comparsa a las autoridades del país. La presidenta de la Delegación para México, la socialista alemana Erika Mann, quien también preside un grupo de contacto con las trasnacionales europeas y estadounidenses, incluso ha sido criticada por otros eurodiputados, como el también alemán Tobias Pflüger, quien la acusa de «no hacer nada por los derechos humanos en México».
Pflüger, sin pertenecer a esa delegación, peleó por la liberación del ecologista mexicano Felipe Arreaga Sánchez, encarcelado injustamente en Guerrero. Hoy está libre.
Las ONG tienden más bien a buscar a los partidos minoritarios «los verdes o los comunistas», más receptivos a sus preocupaciones. Por eso fue una proeza que el joven eurodiputado verde Raúl Romeva haya podido sacar adelante, no sin enormes dificultades y matizando el contenido original, su resolución contra los feminicidios en México, que movilizó al lobby gubernamental como pocas veces en Bruselas.
Por el contrario, es una lástima que, por problemas de agenda, Lydia Cacho no haya podido venir a una sesión de la Subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, como se lo ha pedido el Partido Verde en dos invitaciones este año. La idea es que, a través de su caso, Cacho pueda sensibilizar a los eurodiputados sobre las dificultades de ejercer el periodismo crítico en México y éstos tomen cartas en el asunto.
En noviembre próximo tendrá lugar el Tercer Foro de Diálogo de la Sociedad Civil de México y la UE. Será una ocasión para ver si las autoridades de México y la UE cumplen su promesa de abrir a las ONG un canal oficial de participación en el acuerdo. Ello permitirá elevar el grado de presión a México en materia de derechos humanos.
* Publicado en la Revista-Blog Mundo Abierto y difundido por Centro Nacional de Comunicación Social AC.
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