En lugar de garantizar DSyR, Javier Duarte protege a “no nacidos”

En vez de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la vida e integridad de la ciudadanía, los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Veracruz aprobaron una reforma al artículo cuarto de la Constitución local para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, criticaron organizaciones civiles nacionales. 
 
En medio de una crisis de seguridad pública que vive la entidad veracruzana, esta mañana su gobernador, Javier Duarte de Ochoa, presentó una iniciativa de reforma constitucional al Congreso local que fue aprobada sin mayor discusión y sin pasar a comisiones legislativas, y la cual para entrar en vigor debe ser aprobada en una segunda vuelta.
 
De acuerdo con las activistas consultadas por Cimacnoticias, la iniciativa de Duarte es una “ley falsa” que manda un mensaje para criminalizar a las mujeres.
 
Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), afirmó que esta reforma fue una “mala jugada del gobernador”, y demuestra que en aquel estado no hay división de poderes, ya que las y los diputados aprobaron un decreto “sin cuestionamientos”.   
 
De acuerdo con la activista, “es gravísimo” que todos los partidos políticos avalaran la propuesta: “Primero les prometen a las mujeres que van a defender sus derechos, y luego en los hechos ocurren cosas como éstas. Muy mal por todos los partidos y los legisladores que la votaron”.
 
A decir de Jiménez Patlán, con la reforma no se protege la vida, mucho menos la de las veracruzanas, toda vez que no se hace nada para evitar que a las mujeres las despidan del trabajo por estar embarazadas, o para garantizar que tengan acceso a métodos anticonceptivos.
 
Si el gobierno de Veracruz quisiera proteger a las mujeres, acotó, debería echar a andar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y tomar acciones para evitar que niñas de 10 a 14 años de edad estén embarazadas como resultado de una violación, o promover la educación sexual en las escuelas.
 
“De repente se envía un mensaje. Por ejemplo, a los médicos, enfermeras y trabajadores sociales que se sienten muy fuertes para denunciar a las mujeres que acuden a los servicios públicos por aborto, incluso espontáneos, la gran mayoría de ellas, mujeres pobres que no tienen acceso a ninguna oportunidad ni servicio de salud público”.
 
Adriana Jiménez destacó que esta reforma es contraria a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y a la reforma constitucional de 2011 en la materia, y además deja “mal parado” al gobierno de Duarte que “hoy por hoy criminaliza a las mujeres”, lo que se suma a la “mala fama” que ya tiene por la violencia, el crimen organizado y las desapariciones que azotan al estado.
 
A su vez, Rebeca Ramos, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo que es “preocupante” que el mandatario estatal haya presentado una propuesta de esta naturaleza, cuando la entidad está en medio de una situación de violencia “muy alarmante”, lo que indica que podría ser una “cortina de humo”.
 
Cabe acotar que en días recientes se difundió el caso de cinco personas que presuntamente fueron desaparecidas por policías de seguridad en el municipio veracruzano de Tierra Blanca, lo que agrava al clima de violencia, y es que el estado es catalogado como el más peligroso para ejercer el periodismo.
 
La experta no descartó la posibilidad de que esta reforma aprobada en primera vuelta sea una acción para quitar el foco de hechos graves que están sucediendo, pues el aborto es un tema polémico y atrae reflectores mediáticos.
 
Aun así, Rebeca Ramos calificó como una “mala noticia” que el gobernador Duarte proteja la vida desde el momento de la concepción, y no tome medidas para garantizar la vida de la población y evitar más desapariciones, asesinatos o crímenes contra periodistas. 
 
Explicó que si hay un interés para proteger la vida prenatal se deberían planear estrategias para reducir los índices de muerte materna, los casos de violencia obstétrica en los hospitales del estado, y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y de calidad. 
 
La experiencia, apuntó la académica, indica que en las otras 16 entidades que desde 2008 reformaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción o fecundación” no derogaron las causales de aborto legal, aunque es claro que la intención de esas iniciativas es encarcelar a las mujeres que tienen un aborto espontáneo, o que desean interrumpir un embarazo no deseado. 
 
16/AGM/RMB