La Procuraduría de Justicia capitalina tiene la oportunidad de terminar con 9 años de impunidad, en el caso del asesinato de Digna Ochoa y reivindicar el nombre de la activista
Abogada de profesión, Digna Ochoa destacó por su labor en favor de los derechos humanos, un trabajo que le mereció reconocimientos como la Medalla Roque Dalton, el premio de Amnistía Internacional, pero también le costó amenazas.
Identificada con las causas sociales, Digna Ochoa trabajó en medio de levantamientos de grupos armados, como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el de El Charco, Guerrero, en 1988.
En ese contexto de «subversión» -como lo calificaría el entonces presidente Vicente Fox- la defensora litigó casos emblemáticos como la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995; y la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997.
Defendió los casos de ofensivas contra los municipios autónomos zapatistas en 1998; ese mismo año se hizo cargo de los casos de violación sexual de dos mujeres por militares, en Barrio Nuevo San José, Guerrero.
También trabajó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde llevó el caso de tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a manos del Ejército mexicano, caso que recién llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Fue hostigada en reiteradas ocasiones. En octubre de 1999 tres sujetos entraron a su casa, le vendaron los ojos, la interrogaron por varias horas, la ataron a una cama y la encerraron en un cuarto con un tanque de gas abierto, pero logró escapar.
Denunció sin éxito las agresiones y amenazas por lo que ante la falta de garantías para salvaguardar su integridad, en noviembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la CoIDH, le otorgaron medidas cautelares y provisionales, respectivamente.
Pese a ello, el 19 de octubre de 2001, fue encontrada sin vida en su despacho en la Ciudad de México. Tenía un disparo en el muslo izquierdo y otro en la cabeza, y una nota que decía «…si siguen así, a ustedes también les va a tocar».
Durante dos años, la línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), fue «suicidio por depresión», hipótesis que mantuvo hasta el final de la investigación, el 18 de julio de 2003, cuando la fiscal del caso, Margarita Guerra, determinó el no ejercicio de la acción «porque se trató de un suicidio».
La versión fue ampliamente cuestionada. El informe especial de 2004, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que cuando menos en 6 diferentes dictámenes de la averiguación previa, los peritajes carecieron de metodología y se basaron en información incompleta e inexacta.
El abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y quien lleva el caso, David Peña, explicó que de acuerdo con la fiscal no hubo violencia, aunque el arma fue disparada en tres ocasiones, dos de ellas hirieron a la víctima, quien «se disparó» con la mano izquierda pese a que era diestra.
Jesús Ochoa, hermano de la activista, relató que durante las indagatorias, la PGJDF desestimó las denuncias de hostigamiento y archivó la investigación sobre las amenazas y agresiones en contra de la abogada, denunciadas desde 1999, y que señalaban a elementos del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional, de la Policía Judicial Federal y de la Policía Federal Preventiva, como responsables del asedio.
Al observar las irregularidades, y debido a que no se permitió que la familia coadyuvara con el Ministerio Público, ésta interpuso un amparo en 2003 luego de que se cerró el caso. Con este recurso, que llevó casi cuatro años en juicio, lograron que en el expediente se integraran los peritajes que ellos habían realizado, informó Jesús Ochoa.
El amparo fue ganado en febrero de 2007; la investigación se reabrió y se logró que se integraran las pruebas periciales en materia de medicina forense, criminalística y química forense, así como las pruebas derivadas de la exhumación del cuerpo en junio de 2005.
Aunque el 9 de marzo de 2007, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, quien concedió este recurso, pidió a la PGJDF que concluyera el caso en 24 horas, esta última argumentó que necesitaba más tiempo para valorar las más de 90 mil fojas del caso, precisó David Peña.
En la reciente reunión con funcionarios de la PGJDF, el 13 de octubre pasado, les informaron la posibilidad de que en noviembre concluya el análisis del expediente. La familia sólo espera que el caso se resuelva de manera jurídica y no política y «que sea una decisión imparcial, clara y transparente».
Jesús Ochoa dijo que lo único que busca es que se limpie la imagen de su hermana y que la PGJDF admita que su muerte fue un homicidio y no un suicidio por problemas psicológicos, pese a que esto no signifique que se encuentre a los culpables.
«El expediente estuvo lleno de contradicciones y omisiones, por eso confiamos en que se reconozcan, de lo contrario recurriremos a la CIDH», afirmó.
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