Pese a que el aporte económico de las mujeres impacta a cinco de cada 10 hogares mexicanos, en tiempos de crisis ellas son las primeras en ser despedidas ya que sindicatos y empresas consideran «equivocadamente» que sus salarios son «complementarios», señaló a Cimacnoticias Anselmo García Pineda, consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) experto en negociación de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).
En época de crisis, las organizaciones sindicales y los empresarios deben reconocer la importancia de la contribución económica de las trabajadoras para que sean prioridad al momento de reemplearse o para conservar sus trabajos, aseguró García Pineda.
En México la mitad de los hogares cuentan con ingresos generados por el trabajo de las mujeres, y el 19 por ciento depende exclusivamente de esos ingresos para solventar sus necesidades, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
En tanto, su colaboración en el cumplimiento de corresponsabilidades de los programas sociales y transferencias impacta económicamente al 69 por ciento de los hogares en el país, indica por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Al momento de los recortes presupuestales y los despidos se van «mujeres y niños primero», dijo el consultor de la OIT; ellas, junto con las y los jóvenes son las primeras en perder su trabajo, porque persiste la idea de que su salario es complementario, aunque sostengan o aporten a la economía del hogar», agregó.
El desempleo –que se da por causas tan diversas como la pérdida de mercado o el cierre parcial o absoluto de centros productivos– guarda relación con la política «antisocial» del gobierno mexicano y el desgaste del sindicalismo nacional, sostuvo.
De acuerdo con el entrevistado, la política «antisocial» del gobierno mexicano –que desde los años ochenta deterioró de manera paulatina los derechos laborales de la contratación colectiva, restándole posiciones al sindicalismo y condiciones para negociar–, afecta sobre todo a las mujeres, porque «quienes perciben menos derechos en su juventud, gozarán igualmente de menos derechos al llegar a la vejez», sentenció.
Frente a este panorama, es necesario que organizaciones sindicales, cámaras industriales, patrones y dependencias gubernamentales reconozcan la situación desigual que experimentan mujeres y hombres en los centros de trabajo, para después elaborar, desde el diálogo social, programas y políticas públicas que propicien la equidad de género en el ámbito laboral, sostuvo García Pineda.
«La infraestructura social está, pero lamentablemente tenemos un Instituto Nacional de las Mujeres que interviene poco en el ámbito laboral, y una Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que se involucra poco en la equidad de género»; sin embargo, reiteró, los programas encaminados a proteger el trabajo y las condiciones en que laboran las mujeres deben emerger también desde las instituciones.
Los programas deben ser vinculantes, es decir, que así como se sanciona a las y los trabajadores por incumplir sus tareas, ocurra lo mismo con las organizaciones y dependencias.
El consultor de la OIT aseveró que, dada la crisis económica, «la presión» generada por el desempleo requiere de las organizaciones sindicales una mayor creatividad para sentarse a negociar sus CCT y poder exigir mejores condiciones, aun en un contexto de adversidad económica donde el sector patronal vulnera aún más los derechos laborales.
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