De acuerdo con Amnistía Internacional (AI) en México la violencia contra las mujeres continúa siendo endémica en varias entidades federativas y la discriminación por motivos de género es una práctica generalizada.
AI, en su Informe 2007 «El estado de los derechos humanos en el mundo» –que documenta los abusos contra derechos humanos que se presentaron durante 2006 en países de África, América, Asia, Oceanía y Europa? manifiesta su preocupación por los elevados índices de delincuencia violenta y la inseguridad pública que siguieron ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la opinión pública mexicana el año pasado.
Señala, en particular, la situación de Ciudad Juárez, en la frontera norte con Estados Unidos, donde sigue la campaña para obtener justicia para las mujeres y se demanda el castigo a los culpables del feminicidio en esta localidad y en la ciudad de Chihuahua.
Para México, el Informe 2007 fue elaborado con base en tres informes previos de Amnistía en 2006 (AMR 41/019/2006, AMR 41/027/2006 y AMR 41/028/2006) y el reporte de sus delegaciones que visitaron nuestro país en junio y noviembre del año pasado.
FEMINICIDIO
En 2006 los informes de asesinatos de mujeres continuaron, dice AI, sin que hubiera una respuesta favorable de parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en el país.
Las autoridades del estado de Chihuahua introdujeron algunas mejoras como respuesta a los nuevos homicidios, pero «no procesaron muchos casos anteriores ni exigieron responsabilidades a ningún funcionario implicado en las investigaciones originales fallidas», resalta.
El Informe puntualiza que con relación al Gobierno federal, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó su investigación sobre casos del pasado, sin reconocer la magnitud de la violencia en Ciudad Juárez durante 13 años, «lo que suscitó críticas en el sentido de que intentaba restar importancia a los asesinatos y secuestros de mujeres en la ciudad».
Relata lo que sucedió con David Meza Argueta, quien luego de dos años y medio bajo custodia fue absuelto del asesinato de Nayra Azucena Cervantes, cometido en la ciudad de Chihuahua en 2003.
Según los informes del caso, la acusación en su contra se basó en una confesión obtenida mediante tortura por la policía judicial de Chihuahua. Meza presentó una denuncia de tortura contra funcionarios estatales y, en consecuencia, dos agentes de la policía judicial del estado fueron expulsados del organismo policial por recurrir a la tortura durante sus investigaciones.
FALTAN COMPROMISOS
Para AI, el ex presidente Vicente Fox ?que dejó la estafeta a Felipe Calderón, quien llegó a la casa presidencial en un controvertido proceso electoral– concluyó su mandato «sin cumplir el compromiso de poner fin a las violaciones de derechos humanos y la impunidad, que siguieron siendo generalizadas».
Pese a que el gobierno mexicano del sexenio pasado compareció ante seis comités temáticos de Naciones Unidas, que evaluaron el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales, los cuales emitieron una serie de recomendaciones, en el gobierno de Fox «se registraron escasos progresos en lo relativo a iniciativas gubernamentales en materia de derechos humanos», sostiene Amnistía.
Y da dos ejemplos: hubo una inadecuada aplicación del Programa Nacional de Derechos Humanos y sólo la publicación de parte de la judicatura federal de los resultados de su consulta sobre la reforma del sistema judicial.
Con excepción de algunas reformas en el sistema de justicia para menores de edad, dice el Informe 2007 de AI, «no hubo prácticamente avances en la introducción de las reformas constitucionales y legales propuestas para garantizar la protección de los derechos humanos en la seguridad pública y en el sistema de justicia penal».
Referente a las mujeres, entre los comités temáticos de la ONU en los que participaron delegaciones del gobierno de México está la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), donde según reportó el periódico La Jornada (18 de agosto, 2006) María Regina Tavares da Silva, integrante del comité de expertas, cuestionó el informe presentado por la delegación mexicana al señalar que «a pesar de la inversión en recursos económicos y técnicos para prevenir la violencia de género: no hay resultados visibles».
07/CV/GG
