La explotación del carbón en México genera 15 mil empleos y una derrama económica de aproximadamente 21 millones de pesos semanales (2.100 dólares). El 58 por ciento de esa contribución proviene de la explotación en yacimiento artesanal, de superficie, sin orden, sin control, sin planos ni normas claras.
Los trabajos se hacen a destajo, los mineros carecen de seguridad social y su empleo es frágil. Migran de las grandes plantas a los llamados pozos, por la edad, su estado de salud (pulmones afectados), o la necesidad, porque en los pozos -aparentemente- se gana más dinero y con mayor rapidez. Los pozos son hoyos excavados precariamente sobre las galerías abandonadas de viejas minas industriales.
Blanca Arias perdió a sus tres hijos el 23 de enero de 2002, debido a una inundación en el pozo Las Espuelitas. Cinco años después, todavía se lamenta: Decidimos trabajar una semana más y la mina se inundó. En unas horas, 13 mineros murieron ahogados, entre ellos, mis hijos José Alfredo, Juan Luis y Reinold.
Yo allí era la tesorera y pagadora. Sabía bien cómo se producía, cuánto se producía y cuánto se pagaba, rememora.
El marido de Blanca, Juan Ángel Garza Hernández, era el prestanombres: aparecía como dueño, pero no lo era. El propietario era César de la Garza. Juan Ángel administraba el pozo y repartía los beneficios. Los 13 mineros fallecidos no tenían contrato, ni seguro social, pero cada uno producía hasta cinco toneladas de carbón por jornada de ocho a 10 horas.
El día del accidente, el gobierno local arregló con el Instituto Mexicano del Seguro Social inscribir a los muertos para que las viudas no reclamaran y obtuvieran su pensión. Esto es así, porque el gobierno tiene responsabilidad sobre lo que sucede, pues al final sabe de este desbarajuste, afirmaron viudas y ex trabajadores.
Blanca se seca las lágrimas y se lamenta. Sus hijos tenían entre 19 y 25 años, ya estaban casados y dejaron tres viudas y cinco huérfanos.
TIERRA DE NADIE
Esta es tierra de nadie. No hay una normativa clara, todos se toman atribuciones y eluden responsabilidades, afirma la ingeniera metalúrgica Argelia Bortoni. Durante más de una década, ella se esforzó por realizar estudios ecológicos para recuperar el equilibrio ambiental y la mejora socioeconómica de la zona carbonífera mexicana.
La extracción ha generado una cadena de complicidades y corrupción infinita, reconoce el historiador de la zona, Ramiro Flores, y asegura que, por accidentes, siniestros o equivocaciones en la explotación artesanal de los pozos, en los últimos 25 años, han muerto más de mil 600 mineros, cifra similar a los fallecidos en 100 años en las grandes explosiones.
Los beneficios del carbón hicieron florecer la industria del ferrocarril, la siderúrgica y la de electricidad. Según la Cámara Minera de México, la extracción del carbón todavía significa el 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto y las exploraciones técnicas indican que el futuro de la Cuenca Carbonífera aportará gas metano para consumo interno y para exportación, en las próximas décadas.
María de la Luz Preciado es discapacitada y con el apoyo de su padre apenas puede pagar su casa, que parece desmantelada. Tiene tres hijos menores de 12 años, que reciben una beca mensual de 15 dólares. Ella perdió a su esposo en Las Espuelitas. Estaban barrenando un pozo, cuando se toparon con una galería antigua, llena de agua, que en cosa de segundos lo inundó todo. Ahí se ahogaron, rememora.
El desastre de Las Espuelitas pasó inadvertido para la opinión pública. Las familias y las viudas recibieron ayudas de la Federación Internacional de Trabajadores Mineros, pero ninguna autoridad les rindió cuentas. Ellas denunciaron la tragedia, exigieron una investigación, pero nada ha sucedido.
Al igual que Francisco Linares, ex trabajador metalúrgico, y Manuel Martínez, padre de uno de los fallecidos, Blanca, María de la Luz y Guadalupe Ibarra afirman que no hay planos, que en realidad los permisos que debe dar la Secretaría de Economía están manejados al arbitrio de los nuevos caciques que compran tierras libremente.
También se quejan los concesionarios y los pequeños productores. En septiembre de 2003, las Asociaciones de Productores Rurales, de Productores Independientes, de Productores del Norte de Coahuila y de Productores de Carbón entregaron al entonces titular de Energía y Minas, Felipe Calderón, un documento de denuncia de las irregularidades.
Ellos, que se benefician de la mitad de la derrama económica, se quejaron de que la empresa Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila, que actúa como intermediaria, adquiere el carbón de empresas fantasmas y cobra 10 ó 20 centavos de dólar por tonelada. Se sospecha complicidad con las autoridades locales y hasta de la Comisión Federal de Electricidad.
Felipe Calderón es ahora, legalmente, el Presidente de la República. No dio entonces ninguna respuesta, como no la da ahora que se investiga la explosión del 19 de febrero de 2006, en la que murieron 65 trabajadores, en Pasta de Conchos.
EXPLOTACIÓN SIGLO XIX
De los hoyos excavados precariamente en las galerías abandonadas de las viejas minas industriales, mal llamados pozos, se extraen las migajas que dejaron las grandes empresas antes de la década de los noventa del siglo XX.
Desde la superficie hay una excavación cuyo elevador es un bote o tambo, movido por un malacate, máquina usada en las minas y que lo mismo sirve para extraer el carbón que para bajar o subir trabajadores.
Se trata de unidades productivas de alrededor de 25 mineros reunidos por un contratista, sin afiliación al seguro social o a sindicato alguno. La técnica de extracción de la mina es la misma que la del siglo XIX: pico, pala y carretilla.
Las excavaciones están a simple vista. Se barrena a 30 metros de profundidad. Los transportes de carga a la intemperie circulan de día y de noche por la carretera 57, tirando el polvo de carbón casi en los portales de las viviendas.
El carbón extraído se lleva directamente a la empresa Micare, que surte a la Comisión Federal de Electricidad, la entidad estatal que produce y distribuye el 80 por ciento de la electricidad en México.
A los trabajadores de los pozos se les conoce como carboneros. Constantemente respiran ese polvo, sin mascarillas, sólo cubiertos por la toalla que llevan todos los días para secarse el sudor. Dentro de estos pozos también hay gas metano que, de vez en vez, produce explosiones, como en La Morita, donde perecieron 12 mineros en 2001.
Los millonarios beneficios de la explotación los controla un pequeño grupo de empresarios que ha aprovechado el carbón en México durante más de 100 años, no sin las tradicionales disputas entre grandes y pequeños. Ramiro Flores dice que apenas se ha explotado el 15 por ciento de la reserva.
RECUADRO
Coahuila, primera reserva carbonífera
La región carbonífera de Coahuila tiene una extensión territorial de 16.040 kilómetros cuadrados y una población de 163.422 habitantes. Representa 95 por ciento de las reservas del país.
Hay dos variedades de carbón: no coquizable, para producir acero; y coquizable, que se utiliza como combustible en centrales carboeléctricas.
58 por ciento de los mineros explota en yacimiento; 37 por ciento, a cielo abierto; 4,17 por ciento, en minas.
Desde 1975 México importa carbón para producir energía eléctrica.
07/SL/GG/CV
