La legisladora perredista Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios de la Cámara de Diputados, afirmó hoy que la falta de cifras estatales y nacionales acerca de la violencia contra las mujeres «es un reflejo de que no se gobierna para ellas»
Así lo expresó hoy en la mesa de medios acerca de la violencia contra las mujeres organizada por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) y la Fundación Friedrich Ebert, y moderada por Lucía Lagunes, directora de esta institución, donde la diputada destacó que en México «estamos viviendo la violencia feminicida en aparente tiempo de paz».
La académica señaló que «la información oficial no fluye; muchos procuradores ni siquiera estaban enterados del problema. La Comisión, mediante la Cámara de Diputados, los convocó de una y mil formas y no obtuvimos resultados». En suma, la violencia contra las mujeres «no es de su interés».
Como ejemplo, abundó que hay estados que no cuentan con estadísticas del fenómeno desde hace cinco años, y que las cifras institucionales muchas veces no concuerdan. «Esto es una forma de promoción de la violencia contra las mujeres y de promoción de la impunidad por parte del Estado».
En resumen, afirmó, para atender la violencia contra las mujeres «no bastan campañas muy impactantes en los medios de comunicación; se requieren políticas de gobierno -no sólo políticas públicas- articuladas y comprometidas».
INVESTIGACION Y NUEVA LEY
Lagarde informó que la Comisión a su cargo está por concluir la primera investigación latinoamericana de este tipo acerca del feminicidio en México: «se realizó en 11 estados y cuenta además con cuatro investigadoras en cada uno de ellos, con el fin de conocer lo que sucede en el país y ligar los asesinatos de niñas y mujeres, las desapariciones de niñas y mujeres, con el contexto de cada entidad federativa».
La académica destacó que el estudio se realizó en Chihuahua, Sonora y Baja California, en la frontera norte, y en Chiapas y Quintana Roo, en la frontera sur, para averiguar la incidencia de factores asociados comúnmente a las localidades fronterizas, como la corrupción y la impunidad, hechos que son «un caldo de cultivo para la violencia contra las mujeres, la cual es construida por prácticas sociales».
El estudio también se llevó a cabo en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Veracruz.
La investigación tipifica todos los tipos de violencia; introduce una ley contra la violencia feminicida que prohíbe la conciliación con el agresor; propone acciones de emergencia a realizarse tanto en municipios y estados como en el ámbito federal, y plantea sanciones contra la violencia hacia las mujeres ejercida de manera individual, comunitaria e institucional.
En su oportunidad, el licenciado PabloYanes, director de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, señaló: «hemos desarrollado un sistema de información territorializada de la problemática de la violencia doméstica en el Distrito Federal, fundamentalmente a partir del indicador de casos que recibimos en las unidades de atención y prevención de la violencia familiar en la ciudad. No es un indicador necesariamente de la violencia, sino de que las mujeres están buscando una solución».
El funcionario añadió: «en estos quince meses hemos recibido casos que provienen del 80 por ciento de las unidades territoriales del DF. El número de personas proviene de prácticamente toda la geografía del DF (…). Este dato evidencia el carácter transversal de la problemática». Entre otros datos, Yanes destacó que el 95 por ciento de los casos que recibe la institución «son casos de mujeres»
Asimismo, puntualizó que hay «una demanda de atención muy fuerte por mujeres de la zona rural y semiurbana del Distrito Federal» y que en 24 meses se ha duplicado el número de mujeres que asisten a las unidades de atención y prevención. Es muy difícil poder determinar si lo que estamos viendo es un proceso de incremento de la violencia o una modificación de la respuesta social», sostuvo.
Por su parte, la licenciada Amada Dominguez Adame, directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se refirió a la labor del Centro de Atención para la Violencia Intrafamiliar (CAVI), mismo que fue fundado en 1990.
«Este es el trabajo que estamos haciendo desde 15 años, cuando se creo la primera instancia para atender la violencia familiar. En aquella época acudían 100 mujeres en un mes; actualmente son 100, 120 por día, independientemente de las 16 unidades de atención en cada delegación del Distrito Federal».
05/YT
