Nicaragua es uno de los cuatro países en el mundo que prohíben el aborto sin excepciones.
Antes del 2010, en Centroamérica existía el aborto terapéutico en El Salvador (1997) y en Nicaragua (2006) -como interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer o conservar su salud- sin que hasta ahora se haya logrado establecer causales jurídicas para el aborto inducido. En Guatemala y Honduras existen leyes restrictivas que permiten el aborto inducido bajo circunstancias limitadas.
A pesar de estas leyes punitivas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) calculan que en la región ocurren aproximadamente 900 mil abortos al año, la mayoría de estos en condiciones de riesgo.
En Centroamérica, las complicaciones del aborto inseguro son una de las causas principales de mortalidad materna (MM) y son las mujeres pobres, rurales, indígenas y marginadas, las que corren un riesgo elevado de recurrir a abortos en malas condiciones, señala IPAS Internacional. Y en Nicaragua, el aborto y sus complicaciones es una de las cinco primeras causas de MM.
Cada día 48 mujeres sufren abortos espontáneos y 21 asistieron a los hospitales del Ministerio de Salud en busca de atención médica obstétrica de emergencia. En 2004, 19 mujeres murieron por causas no obstétricas, 14 fueron suicidios por embarazos no deseados; de ellas, 70 por ciento eran adolescentes.
CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO
El aborto terapéutico era legal en Nicaragua desde 1893 pero fue prohibido y criminalizado en 2002 por una iniciativa del gobierno de Enrique Bolaños, medida que luego respaldó su actual sucesor Daniel Ortega.
El 26 de octubre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 603 que deroga el artículo 165 del Código Penal (CP) que decía: «El aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales».
A partir de estas reformas inició un debate público sobre el tema, la Iglesia católica interfirió buscando influir en la decisión de las y los parlamentarios con lo cual se violó la laicidad del Estado contemplada en la Constitución Política en su artículo 14, el cual señala que «el Estado no tiene religión oficial».
Para el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea Nacional votó y penalizó por segunda ocasión el aborto terapéutico en el CP: se condenó el aborto bajo toda circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo o cuando es producto de una violación.
En 2008, el nuevo CP mantuvo penas de uno a tres años para los médicos y redujo hasta un año la pena a quien interrumpa un embarazo mediante engaño, violencia, intimidación o de manera imprudente.
Ambas reformas fueron aprobadas pese a las protestas del movimiento feminista y social de mujeres que demandan el aborto terapéutico como una forma de evitar la muerte de las nicaragüenses, muchas de ellas con embarazos no deseados.
POR LA SALUD DE LAS MUJERES
En 2009, luego del lanzamiento de la campaña de Amnistía Internacional (AI) «Exige Dignidad», cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los Derechos Humanos (DH) que mantienen a las personas en pobreza, Nicaragua se sumó a este llamado a través del derecho a la salud de las nicaragüenses.
Según el informe «El estado de los Derechos Humanos en el mundo 2009» de AI, durante los primeros tres meses de 2008, 30 por ciento de las denuncias presentadas ante la policía fueron por actos de violencia sexual, la mayoría de las víctimas tenían 18 años o eran menores de edad.
A lo anterior se sumó la entrada en vigor, junio de 2008, del nuevo CP donde se penaliza el aborto y se prevén largas penas de cárcel para las mujeres y los profesionales de la salud declarados culpables de practicar abortos o de facilitarlos, incluso cuando la continuación del embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer o el embarazo fuera consecuencia de una violación.
En octubre y noviembre de ese año el Comité Internacional de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendaron al gobierno nicaragüense que reformara la legislación sobre aborto, porque viola los DH de las mujeres y las niñas.
Tras las diversas recomendaciones al Estado de parte de ambos Comités que han insistido en la revisión de la legislación como una forma de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las nicaragüenses, en marzo de 2010 se presentó una iniciativa para reformar el CP sin que hasta ahora haya cambiado la legislación.
Del tema se habló hoy en los trabajos del taller «Por una maternidad libre y voluntaria» que con apoyo de la Fundación Ford se impulsa -como parte de una Campaña que lleva el mismo nombre- en la región de mesoamericana.
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