Cada año, en el Perú, alrededor de 371 mil 420 mujeres abortan clandestinamente. 44 por ciento de ellas interrumpen el embarazo con ayuda de personal no calificado, lo que genera condiciones altamente peligrosas para su salud y su vida. Las mujeres que recurren a un servicio de aborto con una obstetra son 39 por ciento y sólo 17 por ciento acuden a un médico profesional, según información del Centro de la Mujer Peruana (CMP) Flora Tristán.
Es más grave la situación de las mujeres rurales (23 por ciento de la población femenina peruana, según datos de la Organización de las Naciones Unidas), quienes sólo en tres por ciento pueden ir a un médico, 32 por ciento a obstetras, y 65 por ciento a personal no calificado.
La organización feminista añade que, cuando el aborto es realizado por una persona no calificada, o por la misma mujer, hay 72 por ciento de probabilidad de complicación y 24 por ciento si lo realizan obstetras o enfermeras. En cambio, el riesgo baja a cuatro por ciento si el aborto es practicado por un médico.
La difícil situación de las mujeres que se someten a abortos inseguros se debe al estatus legal del aborto en el Perú: La interrupción del embarazo sólo es permitida cuando se realiza para salvar la vida de la mujer gestante o evitar un mal grave o permanente en su salud.
A pesar de que el aborto terapéutico es legal desde1924, esta norma no se cumple por la ausencia de un protocolo nacional de atención. La falta de reglamentación del aborto terapéutico genera inseguridad en el personal médico de los servicios públicos de salud, que muchas veces se inhibe de prestar esta atención a las mujeres que la requieren.
Así, la organización feminista señala el caso de una joven de 17 años que gestaba un feto anencefálico y a quien se negó el aborto terapéutico, causando graves daños a su salud.
A pesar de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un decreto emitido en noviembre del 2005, consideró que el Estado peruano había violado los derechos humanos de la adolescente, y determinó la obligación del Estado de brindarle un recurso efectivo que incluya una indemnización y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, no ha cumplido con estas recomendaciones.
«Han transcurrido 85 años sin que se regule la atención al aborto terapéutico. La inacción e indiferencia del gobierno frente a estos casos persiste, lo que impide a las mujeres ejercer su derecho de acceder a esta interrupción legal del embarazo para salvaguardar su vida y la integridad de su salud, debido a la ausencia de protocolos que, hasta hoy, siguen sin ser aprobados por el Ministerio de Salud», indica el CMP Flora Tristán.
Por otro lado, la ONG peruana denuncia la ausencia de políticas adecuadas de salud sexual y reproductiva. Así, señala que en gran parte de los hospitales y centros de salud del país hay desabastecimiento de insumos anticonceptivos por falta de presupuesto o por la ineficacia de su distribución.
Además, en octubre de este año, el Tribunal Constitucional (TC) peruano prohibió al Estado la entrega gratuita de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que se hacía en los hospitales sobre todo a mujeres de escasos recursos económicos como parte de una política estatal. Un mes después, el TC amplió su decisión señalando que el Estado tampoco puede venderla, alegando el riesgo de efecto abortivo.
Sin embargo, la píldora seguirá vendiéndose libremente en las farmacias privadas a un precio mucho mayor al que podría haberla ofertado el gobierno. Obviamente, las decisiones tomadas por el TC discriminan a las mujeres en situación de pobreza, ya que los precios de las pastillas ofrecidas en las farmacias privadas superan sus posibilidades económicas.
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