En precarias condiciones, esposa de jornalero agrícola

Mireya Urías tiene cinco meses de gestación y será su segundo hijo que nace en las mismas condiciones que el primero, es decir, en un campo agrícola del norte del país donde labora junto con su marido.
           
Ella es oriunda de una comunidad conocida como La Majada de Arriba, del municipio de Badiraguato, una población ubicada a 81 kilómetros de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.
 
Su esposo trabaja de sol a sol como jornalero en un campo agrícola del municipio sinaloense de Navolato.
 
Mireya es ama de casa. Mientras su esposo trabaja, ella plancha, lava la ropa, prepara la comida y alista a su hijo Daniel, de cinco años, para llevarlo a la escuela comunitaria.
 
La precaria situación económica y geográfica de sus padres le imposibilitaron estudiar una carrera, pero ello no le impide hablar y exponer las condiciones en que viven su hijo, su esposo y ella.
 
Desde un cuarto que les presta la empresa, en un campo agrícola de Navolato, Mireya cuenta que cada temporada su esposo se emplea en las actividades agrícolas, donde percibe un salario que apenas les alcanza para malcomer.
 
Delgada y de estatura mediana, Mireya, de 26 años, señala que el patrón otorga a su cónyuge un seguro de temporal de seis meses, es decir, lo que dura la zafra. “Pues sí nos dan seguro de temporal, pero a veces se acaba”, dice.
 
Curiosamente, las dos ocasiones que Mireya ha estado embarazada ha tenido la suerte de que su seguro esté activo, pero el resto de los meses ella y su familia se quedan sin esa protección.
 
Su primer hijo, que ahora tiene cinco años, nació en diciembre, que es cuando la temporada agrícola está en su apogeo. “Lo ideal es que uno cuente con seguro, pero como uno no estudió, no tiene la oportunidad de eso”, indica.
 
Para el mes de febrero Mireya y su esposo esperan su segundo hijo. El parto por el momento está asegurado, ya que una vez que termine el Seguro Social cuenta con una garantía de dos meses, misma que fue extendida por decreto presidencial.
 
“Fuera una chulada que fuera todo el año (el seguro), pero como uno se va, se le acaba… el Seguro dura un mes, dos meses cuando se acaba la zafra”, lamenta.
 
El salario que percibe el esposo de Mireya es irrisorio y va de 600 a 700 pesos por semana, por lo que difícilmente les alcanzaría para las medicinas.
 
El secretario de Salud del estado, Ernesto Echeverría Aispuro, dio a conocer que las mujeres embarazadas, al exponerse al uso de plaguicidas en los campos agrícolas, el producto corre el riesgo de sufrir malformaciones congénitas, particularmente durante el primer trimestre de gestación.
 
Por lo anterior, dijo que no es recomendable que las mujeres embarazadas se expongan al uso de funguicidas o pesticidas.
 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, afirmó que la acreditación de los jornaleros agrícolas ante el Seguro Social es una cuestión irrenunciable.
 
“Cualquier persona, sobre todo que preste una relación laboral, un derecho constitucional que guarda es el derecho a la seguridad social”, consideró el ombudsman estatal, quien manifestó que estarán muy al pendiente de que a las jornaleras y jornaleros se les brinde ese derecho constitucional.
 
De 2008 a la fecha, enfatizó, se han venido superando estos esquemas, donde las empresas contratadoras han hecho conciencia sobre la importancia de que las y los trabajadores cuenten con esa garantía contenida en la Ley Federal del Trabajo.    
 
Informó que a Sinaloa año tras año llegan entre 200 mil y 400 mil jornaleros y jornaleras para emplearse en tareas del campo, por lo que seguirán insistiendo que se les brinde ese derecho.
 
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