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En Sonora, 20 por ciento de embarazadas son adolescentes

Las políticas de salud para evitar los embarazos en adolescentes son ineficaces, toda vez que del total de mujeres embarazadas el 20 por ciento son menores de 20 años, criticó el doctor en Ciencias de Salud Pública Manuel Santillana.

El especialista consideró que es fundamental evitar el embarazo en la adolescencia, ya que en términos fisiológicos las mujeres en esa etapa no están plenamente desarrolladas y su salud se pone en riesgo.

El académico destacó que de acuerdo con estadísticas del área de Salud Escolar de la Secretaría de Educación y Cultura estatal, la educación secundaria, preparatoria y la universidad contribuyen a evitar los embarazos en adolescentes. “En cambio, en las jóvenes que dejan alguno de esos niveles educativos la probabilidad de que se embaracen es tres veces mayor”, sostuvo.

Además de obtener conocimientos sobre la reproducción sexual, seguir estudiando significa que se tiene un proyecto de vida, abundó Santillana.

El doctor en Ciencias de Salud Pública advirtió que en el sexenio anterior, con el gobernador priista Eduardo Bours, en Sonora se retiró la educación sexual de los libros de texto, lo cual continúa en el actual gobierno del panista Guillermo Padrés Elías.

También observó que la mortalidad materna en el estado no ha descendido, ni tampoco la incidencia del VIH/Sida, además de que las campañas de prevención de la pandemia “se han visto limitadas”.

INCAPACIDAD

Manuel Santillana, quien durante 30 años fue médico general en el IMSS, dijo que desde el año 2000 se han reducido los mensajes en los medios de comunicación, para evitar embarazos no deseados.

“De nada sirve que haya disponibilidad de anticonceptivos, proporcionales a las metas que se deben cumplir, si no hay difusión”, apuntó.

El también investigador lamentó que en los hogares la sexualidad todavía se vea como algo “pecaminoso”, lo cual repercute para que las y los adolescentes no utilicen métodos anticonceptivos.

Sobre la implementación de la NOM-046, que regula los criterios para la atención de la violencia intrafamiliar y sexual, Santillana aseguró que, al menos en urgencias del IMSS, el 99 por ciento de las y los médicos no aplican esa normatividad, ni conocen los formatos.

Por eso los casos sospechosos de violencia sólo se canalizan al departamento de Trabajo Social, donde si hay consentimiento de la víctima se reportan a la Procuraduría de Justicia.

El experto abundó que no hay voluntad política para asignar un presupuesto, contar con personal capacitado, y que exista un área de evaluación para medir el impacto de las políticas sanitarias de prevención de embarazos, infecciones de transmisión sexual y contra la violencia sexual e intrafamiliar.

“Los programas para abatir el embarazo en adolescentes requieren sólo dos años para ver su impacto”, acotó.

Cifras del INEGI indican que en 2009, en Sonora, el 99.3 por ciento de las mujeres en edad fértil declaró conocer al menos un método para controlar su fecundidad, sin embargo siete de cada 10 mujeres unidas en edad fértil no los usan (72.2 por ciento).

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