Las nuevas reformas aprobadas en el Senado a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), constituyen un «caballo de Troya» contra los derechos laborales, coinciden especialistas en derechos humanos en medio de la zozobra de la planta femenina afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) tras el veredicto.
Las reformas al IMSS han sido impulsadas desde el Banco Mundial (BM), lo que conduce a la privatización de la seguridad social, criticó Clara Jusidman, asesora en derechos humanos de las mujeres en la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien recordó que el titular del Seguro Social, Santiago Levy fue formado bajo esa concepción.
La presidenta de la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), sostuvo que las modificaciones al Seguro Social, «acentuarán más el deterioro de los servicios que recibe la población».
Las trabajadoras de nuevo ingreso en el IMSS -de acuerdo con la nueva ley sumada a las condiciones siempre precarias para las mujeres-, son despojadas de una pensión y jubilación digna, concluyó el viernes el panel de expertas en la mesa de Medios y Género, organizada por la Fundación Friedrich Ebert y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Ellas engrosarán pronto la lista de clientes de los sistemas individuales de ahorro para el retiro, prevé la secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Odilia Ulloa.
«Inconstitucionales» y «devastadoras» fueron los calificativos que Mercedes Cabañas, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dio a dichas reformas, al recordar que la población femenina accede en menor medida al empleo, abandonan el trabajo para dedicarse al cuidado de la familia o se emplean en los cargos peor remunerados.
A ello se suma, dijo Odilia Ulloa, la intención a mediano plazo del gobierno del presidente Vicente Fox, de generar un «conflicto económico» en el IMSS ante una eventual incapacidad financiera del instituto para pagar las jubilaciones de su planta laboral con lo que el gobierno se aprestaría a «rescatar» al IMSS del erario.
No se descarta que, en tendencia similar al resto del mercado laboral, el IMSS contrate –amparados por una limitada capacidad financiera-, a muchas trabajadoras eventuales.
Avizoran que el IMSS, limitado en su capacidad de sostener a través de pensiones dignas y servicios a las mujeres de edad cada vez mayor pero con largas enfermedades crónico degenerativas, se perfila como un instituto «asistencial» para dar atención solamente de primer nivel a la población «más pobre, más vieja y más enferma, en su mayoría mujeres».
Antes de la aprobación de la reforma en el Senado, el director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Carlos Rodríguez, había advertido que ésta vulnera el principio constitucional de la equidad, al establecer diferencias entre las trabajadoras en activo, y las mujeres que serán contratadas luego de la entrada en vigor de las modificaciones.
Explicó que las mujeres en activo del IMSS podrán jubilarse al cumplir 27 años de servicios, mientras que la actual propuesta es que las trabajadoras se jubilen a los 65 años de edad. A la fecha, las empleadas tenían derecho a una pensión dinámica para sobrellevar la inflación.
La madrugada del jueves fue desoladora para las trabajadoras del IMSS, que componen 60 por ciento de los 360 mil trabajadores, al recibir la noticia de la aprobación en el Senado de la República de las modificaciones a la Ley de Jubilaciones y Pensiones, con 82 votos a favor, –mayoritariamente de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista. Hubo 23 votos en contra y dos abstenciones.
2004/MR/GV/SM
