La nueva ley que criminaliza todo tipo de aborto, incluso el practicado para salvar la vida de la mujer, vigente desde el mes pasado, representa un grave problema ético y legal para los trabajadores de la salud, pues, por un lado, están obligados a salvar a la mujer pero, si para hacerlo tienen que practicar un aborto terapéutico, podrían ser castigados con la pérdida de su licencia médica y hasta seis años de cárcel.
Ante la inminente aplicación del nuevo Código Penal, que dio fin a casi un siglo de derecho al aborto terapéutico, la ministra de Salud, Margarita Guardián, salió en defensa del gremio y rechazó que sean criminales las y los trabajadores de la salud que practiquen o asistan un aborto terapéutico, como acusó el parlamentario liberal Wilfredo Navarro. «La obligación del médico es salvar vidas», dijo Gurdián.
Días antes, el pleno del Consejo Nacional de Salud, en el que participaron médicos, representantes de organizaciones internacionales, sindicatos, movimientos comunitarios, instituciones estatales, emitió un comunicado de rechazo a la penalización del aborto terapéutico. El documento fue entregado a la Ministra de Salud, con el mandato de hacerlo llegar con urgencia tanto al parlamento, como al Presidente y al Consejo Nacional de Planificación.
«Tristemente estamos pasando a la historia pero por nuestro retraso, no por nuestros avances en pensamiento, en intelecto, en ciencia, en tecnología, en lucha contra la pobreza», comentó en una misiva la ginecobstetra Roberta Blandón Viril, quien considera que, cuando está en juego la vida de la madre y basada en elementos bioéticos y científicos, la interrupción del embarazo compete, sobre todo, a ella y su médico.
«Ni los políticos, ni la Iglesia tienen nada que hacer», dijo en referencia al momento en que llega a una sala de emergencias una paciente con hipertensión severa, un embarazo de 21 semanas, que está lejos de la edad posible de viabilidad, «que tiene hemorragia severa porque las plaquetas se le están consumiendo minuto a minuto, con daño renal y daño hepático, y que su única esperanza de vivir es la inmediata interrupción del embarazo», detalló.
«En situaciones así, todos perdemos. Los médicos tenemos un compromiso con la vida. No creo que ningún médico tenga un compromiso con la muerte. Nicaragua regreso hoy a la edad media», dijo respecto al 26 de octubre, día en que fue penado el aborto terapéutico por la Asamblea Nacional.
Por otro lado, una veintena de asociaciones médicas, entre ellas sociedades de cardiólogos, urólogos, infectólogos, cirujanos laparoscópios y generales, psiquiatras, investigadores, ortopedas, mujeres médicas, ecografistas y médicos generales respaldaron la posición de mantener y regular el aborto terapéutico.
En tanto, la nueva ley cobró ya su primera víctima: la joven de 18 años, Yasmina Bojorge, quien llegó la noche del jueves pasado al hospital con fiebres muy altas que ameritaban una cesárea de urgencia, debido a que, al parecer, el feto había muerto en su vientre. Pese a sus súplicas, le negaron la asistencia requerida, por el temor de los médicos a ser castigados con cuatro años de cárcel por interrumpir su embarazo.
06/ST/GG
