Entra en vigor convenio europeo contra violencia de género

El convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul –por ser en esta ciudad turca donde se aprobó en 2011–, entra este viernes 1 de agosto en vigor en 11 de los 13 países que lo han ratificado, entre ellos España.
 
Con el tratado se busca prevenir y luchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, desde el maltrato a manos de sus parejas o ex parejas hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación, y compromete al Estado que lo ratifica a adoptar medidas legislativas y sanciones, así como informar y sensibilizar contra estos delitos y proteger a las víctimas.
 
También pretende la eliminación de toda forma de discriminación y promover la igualdad real entre los sexos, mediante la autonomía de las mujeres, para lo cual apoya a grupos civiles y cuerpos de seguridad a fin de que cooperen de manera eficaz en un enfoque integral.
 
El Convenio de Estambul define y criminaliza varias formas de violencia de género. Sobresalen, entre ellas, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, el acoso sexual y la violencia física y psicológica contra las mujeres.
 
A la par, establece un mecanismo de seguimiento específico para garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por los Estados comprometidos, así como la creación de un grupo de especialistas independientes para examinar si las naciones cumplen o no sus compromisos.
 
De algún modo, el Convenio se propone atacar las causas que originan la violencia contra las mujeres y aboga por cambiar estereotipos y perseguir a los culpables. Pero, sobre todo, impulsa que los Estados criminalicen de forma jurídica, con duras penas, todas las formas de violencia que atentan contra las mujeres.
 
El artículo 17 del Convenio de Estambul es específico sobre el papel del sector privado y los medios de comunicación, así como su participación en el desarrollo de políticas y directrices a fin de modificar los actuales modelos que promueven la violencia contra las mujeres con contenidos degradantes sobre violencia sexual.
 
“¡Actúa contra las violaciones! ¡Utiliza la Convención de Estambul!” fue el lema de la campaña en 33 países de Europa, celebrada en diciembre de 2013, para divulgar el Convenio del Consejo de Europa, con el cual el continente abrió el camino para establecer un marco jurídico propicio que proteja a las mujeres contra todas las formas de violencia.
 
España, que ratificó el convenio en abril pasado, se compromete, entre otras medidas, a perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina cuando la haya cometido un español o residente habitual en el país ibérico sobre una víctima que cumpla una de estas características, sin que restricciones de la justicia universal puedan impedirlo.
 
Asimismo, contrae obligaciones como adoptar las medidas necesarias para que la persecución por razón de género se tome en cuenta para obtener asilo. España, en toda su historia, sólo ha concedido protección por motivo de género en un caso de trata.
 
El Convenio recuerda a los Estados el principio internacional de no devolución, de manera que les compromete a adoptar las medidas necesarias para respetarlo a fin de garantizar que “las víctimas de violencia contra las mujeres necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes”.
 
Otros compromisos recogidos son la obligación de adoptar una legislación específica contra la violencia de género, que incluya órdenes y medidas de protección urgente para las víctimas, prohíba los sistemas de mediación o conciliación en estos casos, y tome como agravante el parentesco.
 
También plantea la posibilidad de que las y los jueces dicten “la pérdida de la patria potestad (del maltratador) si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma”, o que se arbitren mecanismos de seguimiento y vigilancia de los condenados por estos delitos de violencia sobre las mujeres.
 
Para el seguimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación, el Convenio prevé la creación del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Grevio), que estará integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros de países diferentes, y con una participación equilibrada por sexo y en especialidades, que tendrá un mandato de cuatro años.
 
El Grevio visitará los Estados, recibirá información de organizaciones sociales y organismos oficiales y elaborará un informe con sugerencias que serán enviadas al país afectado y al Comité en el que tendrán presencia todos los que hayan ratificado el Convenio.
 
Del Comité saldrán las recomendaciones al país en cuestión en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y las cuales serán públicas.
 
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