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Entra en vigor “ley mordaza” en Chiapas

Por Manuel de la Cruz

En Chiapas decenas de periodistas, campesinos y defensores de los derechos humanos protestaron en el Congreso del estado contra la Ley Mordaza.

Los inconformes expresaron su rechazo a los parlamentarios por las reformas hechas al Código Penal estatal que incrementan las penas y sanciones para delitos de difamación de 3 a 9 años de prisión y multas de cien a mil salarios mínimos, que entrarán en vigor este miércoles.

Juan Balboa del periódico la Jornada dijo “la situación es muy delicada porque no se puede llamar un Gobierno o una Legislatura democrática cuando se esta penalizando de esa forma la opinión y la crítica”.

Consideró que las reformas aprobadas sin consenso por los 40 diputados locales, el 17 de febrero pasado y publicadas el 25 en el Periódico Oficial, constituyen un retroceso democrático en la entidad.

Los diputados priistas se comprometieron a reconsiderar su actitud y dar marcha atrás a este capítulo de las reformas al reconocer que son intimidatorios y destinadas acallar las criticas al Gobierno chiapaneco.

El diputado priista Julio César González, denunció que “deliberadamente el Oficial Mayor del Congreso, Ángel Córdoba Toledo, entregó una hora antes de la Sesión del 17 de febrero, el documento para que fuera aprobado sin que hubiera sido analizado por ninguna de las fracciones parlamentarias”.

En su opinión, “el cuatro que nos tendió el oficial Mayor se debe a que obedece a intereses oscuros de un personaje”, aunque no dio su nombre.

En la Sesión, los diputados priistas reconocieron que es necesario revertir la Ley lo antes posible.

Por su parte el diputado panista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Juan Carlos Moreno Guillén, dijo que no podía comprometerse ni comprometer a sus compañeros a revalorizar las reformas.

Los diputados del PRD se sumaron a la iniciativa del PRI, para echar atrás las reformas antes que concluya la presente Legislatura.

El Oficial Mayor del Congreso dijo que los diputados supieron con diez días de anticipación sobre el documento que aprobarían.

En este contexto, el representante de la Asociación Civil para la Libertad de Información México -LIMAC-, Isaín Mandujano, comentó que la entidad ha impuesto la más alta sanción para delitos de difamación.

Según Mandujano “en un afán represivo, el gobernador Pablo Salazar y los 40 diputados locales dieron la espalda a los lineamientos y principios democráticos que han trazado ya la ONU y la OEA, en el sentido de despenalizar delitos como la difamación y calumnia que son fáciles de manipular para restringir la libertad de expresión, de información y de prensa”.

2004/MC/GV/SM

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