Las reformas legales en materia de guarda y custodia, y derecho de convivencia de las y los menores sujetos a patria potestad entraron hoy en vigor en el Distrito Federal, pese al rechazo de organizaciones civiles que consideran que dicha legislación atenta contra los derechos y la seguridad de las niñas, niños y mujeres.
En conferencia de prensa, el diputado Antonio Arévalo González, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, señaló que el decreto que hoy entra en vigor reforma y adiciona disposiciones de los códigos Civil, de Procedimientos Civiles y el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.
Destacó que con la reforma se crea una nueva figura jurídica en materia de lo familiar, la llamada «custodia compartida».
Tal iniciativa legal fue impugnada por diversas organizaciones civiles el pasado 19 de noviembre, con el argumento de que el decreto publicado el 6 de septiembre en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, atenta contra los derechos y la seguridad de las niñas, niños y mujeres al otorgar al cónyuge demandado el derecho de compartir la custodia de las o los menores.
En su momento, los grupos ciudadanos exigieron que las reformas se derogaran y se abriera un proceso de consulta a la sociedad civil, académicas y otros especialistas para consensuar una propuesta real y respetuosa de los derechos y la seguridad de las niñas, niños y mujeres, pero no fue así.
Para el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dicha iniciativa garantiza que las niñas y niños de la capital podrán tener una convivencia sana y una relación estrecha con la madre y el padre, aunque estos se encuentren separados.
Explicó que los vacíos legales del Código Civil para el Distrito Federal en materia de guarda y custodia eran evidentes, lo cual llevaba a controversias de carácter jurídico familiar, generando serios conflictos en materia social.
Arévalo González justificó que la guarda, custodia y el derecho de convivencia es un recurso ineludible de la problemática social de los procesos de separación de parejas y matrimonios, así como una responsabilidad inherente de la unión formal e informal de las personas que tienen hijas e hijos.
Informó que según el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) existen 16 mil casos de parejas que viven un unión libre, y que llevan controversia en materia de lo familiar, en donde existen hijas e hijos.
Además, señaló el asambleísta, habría que sumar los 20 mil divorcios anuales en los que se pelean tanto custodias como pensiones alimenticias. Tal cifra es sin contar los cinco mil divorcios voluntarios que existen cada año.
El diputado del PVEM dijo que 200 mil menores son afectados por tales controversias. Las niñas y niños tienen una esfera de protección insuficiente y precaria que los convierte en sujetos en condiciones de vulnerabilidad y en algunas situaciones en desventaja social, advirtió.
Por ello, justificó, el decreto que este martes entró en vigor significa un esfuerzo por armonizar las relaciones entre padres, madres, hijos e hijas, en caso de separación de los cónyuges. La nueva legislación regulariza los derechos y deberes de los progenitores y otros parientes, sin menoscabo del bienestar de las y los menores y velando por el cumplimiento de sus derechos.
2004/RGL/RM/SM
