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Entrampada la Corte en debate sobre prevalencia de DH

Por la redacción
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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuaron con opiniones divididas para decidir si se pronuncian a favor o en contra, de que los jueces estén obligados a acatar los Derechos Humanos (DH) contenidos en los tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano.
 
El pleno de la SCJN continúo hoy la discusión que inició el pasado lunes sobre la contradicción de tesis 293/2011 con el fin de analizar qué norma tiene supremacía: la Constitución o los tratados internacionales. No obstante, hasta ahora no han llegado a una decisión unánime por lo que el debate seguirá la próxima semana.
 
El ministro Fernando Franco recordó que cuando se analizaron los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974, se tomó una posición sobre los tratados internacionales.
 
En aquella ocasión, Franco votó con la mayoría para decidir que las sentencias de condena de la CoIDH contra el Estado mexicano son de carácter obligatorio, pero acotó que así sería siempre y cuando ello no fuera en contra de la Constitución mexicana.
 
“Mi visión como juez constitucional, respetando todas las demás que hay en este Pleno, es que el piso y el techo en el cual me debo manejar, para resolver los problemas, es precisamente la Constitución mexicana”, dijo el ministro.
 
Mencionó que en otras ocasiones ha señalado que las restricciones o límites constitucionales deben respetarse, sin embargo consideró que los jueces deben hacer caso a la interpretación más favorable a la persona, sin importar si la norma venga de la Carta suprema o de los tratados internacionales.
 
En este tema, el ministro Armando Valls dijo que a su parecer “no estamos ante un problema de jerarquía normativa”. Explicó que para decidir sobre la aplicación de una norma cuando están en juego los DH, es necesario acudir a la interpretación conforme al principio “pro persona” (aquel que protege en mayor medida las garantías fundamentales).
 
“Tratándose en exclusiva de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, el problema no es de jerarquía normativa, sino de aplicación”, consideró. En su opinión, habría que ver cada caso en particular para ver si se aplica la norma establecida en la Constitución o en el acuerdo internacional.
 
Al respecto, coincidió el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que nadie está discutiendo que la Constitución tiene una posición jerárquicamente superior al resto de las normas de nuestro orden jurídico, y explicó que sólo adquieren rango constitucional los tratados sobre DH y no los comerciales o mercantiles.
 
“No se nos puede escapar que hay un constitucionalismo, que se plasma en las constituciones para efectos de poner en una posición central a los seres humanos, a diferencia de lo que ha pasado en otras épocas históricas”, sostuvo el ministro.
 
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se mostró de acuerdo con el proyecto presentado por su par Arturo Zaldívar, y mencionó que debe de existir “una ponderación de derechos”, no una expulsión jerárquica de normas.
 
Es decir, señaló que los juzgadores están en la necesidad de sacrificar un derecho en beneficio de otro, partiendo de una interpretación “pro persona”, por tanto apuntó que se deben tomar por igual los tratados y la Carta Magna.
 
En este sentido se mostró la ministra Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que si se jerarquizaran los tratados de DH esto implicaría nulificar algunos derechos.
 
Debido a que las posiciones encontradas continuaron, la discusión de la Corte se programó para la próxima semana.
 
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