El Movimiento Amplio de Mujeres del Centro de Estudio de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entregó en días pasados a la Comisión Mixta encargada de la Reforma de los Códigos del Poder Legislativo de aquel país, sus propuestas en torno a los delitos sexuales y la interrupción del embarazo.
En el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Ricardo Gutiérrez, destacó que en los últimos meses la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo para concluir con el proceso de reforma del Código Penal.
Por su parte, la profesora Magdalena Valdivieso, del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV, en representación de un amplio grupo de mujeres, de defensores y defensoras de derechos humanos y de prestadores de salud, confió en que el Poder Legislativo elabore y apruebe un nuevo Código Penal no sexista, no patriarcal, en el que los derechos de las mujeres, consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales suscritas por Venezuela, estén garantizados.
Sobre las propuestas presentadas acerca de la violencia sexual y de género, Valdivieso indicó que se pretende incluir en el Código Penal un concepto lo suficientemente amplio para abarcar cualquier circunstancia coercitiva que pese sobre la víctima.
En cuanto a la interrupción del embarazo, Valdivieso expresó que es necesario ubicar el debate de interrumpir o no un embarazo como una decisión que no corresponde al Estado, a las instituciones o a la sociedad en su conjunto, sino a las personas.
«El papel del Estado es regular y reglamentar, diseñar políticas y ofrecer servicios para atender esta problemática», aseveró.
Agregó que se impone el respeto hacia la dignidad y la autodeterminación de las mujeres en cuanto a su vida reproductiva, especialmente cuando continuar con un embarazo trae consigo consecuencias que ponen en riesgo su vida, su salud y su dignidad como ser humano.
Indicó que la propuesta de despenalización de la interrupción del embarazo, significa dejar de considerar esta práctica como un delito, si es una decisión tomada de acuerdo a ciertas causales que la justifican, según reprodujo Mujereshoy.
«La despenalización contempla erradicar de la ley el castigo para aquellas mujeres y profesionales de la medicina que recurren a este recurso extremo para impedir el desarrollo de un embarazo que ponga en peligro la vida de la mujer o que el producto de la gestación sea inviable, o aquel que sea ocasionado por una violación».
Por su parte, la diputada Marelis Pérez, vicepresidenta de la Comisión Familia, Mujer y Juventud, destacó la importancia de un Código Penal que responda a los derechos humanos de los hombres y mujeres de Venezuela y que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
2004/SM
