Los casos de Víctor Javier García Uribe, alias «El Cerillo», y Gustavo González Meza, «La Foca»—confesos bajo tortura de ocho asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez– fueron presentados ante Amnistía Internacional (AI), para ser retomados en la campaña sobre presos inocentes.
Así lo anunciaron esta mañana en conferencia de prensa Miriam García, esposa de Víctor Javier García y su abogado defensor Dante Almaraz, quienes viajaron desde la ciudad chihuahuense para entregar las evidencias de tortura y secuestro a la organización internacional defensora de los derechos humanos, que incluyen las fotografías de las lesiones, mostradas este día.
«Algo muy sucio y fuerte se mueve en Ciudad Juárez» sentenció el abogado Almaraz al afirmar que la detención ilegal de sus defendidos, así como el asesinato del abogado Mario César Escobedo Anaya, generó ocho renuncias de personal de primer nivel en el poder judicial de Chihuahua.
Una de ellas fue la del director de servicios periciales Oscar Maynez actual residente en El Paso, Texas.
En compañía de Fabienne Cabaret de la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y Adriana Carmona de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), los demandantes pidieron la liberación de García Uribe y González Meza.
Almaraz solicita la liberación de «La Foca» y «El Cerillo» al reiterar que los resultados de las pruebas de ADN practicadas a los ocho cadáveres por los que se inculpa a ambos choferes no corresponden a las mujeres asesinadas.
Los exámenes de ADN realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) concluyen que sólo en dos casos «hay probable relación de parentesco», que son los cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal y Verónica Martínez Hernández.
UNA HISTORIA IRREGULAR
El siete de noviembre de 2001 fueron encontrados en un lote en construcción, los cuerpos de ocho mujeres que fueron asesinadas con violencia extrema. Dos días después, un grupo de personas encapuchadas sacaron violentamente de su domicilio a García Uribe, sin identificarse ni mostrar una orden de aprehensión.
Sus familiares averiguaron, después de investigar por su cuenta, que dos detenidos fueron recluidos en una casa particular ubicada en el cruce de las avenidas López Mateos y Ejército Nacional de esa ciudad, lugar donde los sometieron a torturas provocando quemaduras en genitales, vientre, pecho y abdomen.
El 12 de noviembre de 2001, el juez tercero de lo penal del distrito judicial Bravos les acusó por homicidio, violación y asociación delictuosa. Sobre las lesiones que presentaban dictaminó que dichas lesiones se debían al uso del reloj que les apretaba la muñeca.
Por otra parte, el 5 de febrero del 2002, Mario César Escobedo Anaya, abogado defensor de uno de los dos presuntos responsables de los homicidios de las ocho mujeres, fue asesinado por policías judiciales, en una persecusión y tiroteo a lo largo de 18 cuadras en Ciudad Juárez.
También Miriam García y Dante Almaraz han sido amenazados de muerte en reiteradas ocasiones, por lo que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
MRM/MEL
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