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Entregan a procuraduría estatal expediente de Pasta de Conchos

Por Sara Lovera/ enviada especial

Esta mañana el abogado coadyuvante Manuel Fuentes y un grupo de familiares de la tragedia de Pasta de Conchos, entregaron un legajo de más de mil 200 fojas a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila para que tenga elementos para fincar responsabilidades en la explosión que dejó sin vida a 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006.

El documento con pruebas adicionales y contundentes, fotografías, filmaciones, testimonios y análisis de las actas de inspección de 1999 a la fecha, es producto del trabajo de la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) que entregaron por orden de un juez a Elvira Martínez Espinoza, Ma. de Lourdes Zapata, Rosa Riojas y Claudia Marisela Escobar, todas esposas de mineros .

La entrega en las instalaciones de la procuraduría reunió a otros familiares de Pasta de Conchos y explicó el abogado Fuentes que también podrá servir para las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Antes de la entrega, en conferencia de prensa, el obispo Raúl Vera señaló que de lo que se trata es de llegar a la verdad, de hacer justicia y consignar a los verdaderos y principales responsables y de no temer a los “intocables”, los concesionarios de las minas que durante más de 100 años han explotado el carbón que sostiene a la industria metalúrgica, minas que con la complicidad de autoridades han dejado sólo pobreza y abandono a miles de familias y han afectado la dignidad humana.

Ahí Elvira Martinez señaló que también este martes se iniciará una demanda, en principio de un 30 por ciento de las familias afectadas, para nivelar salarios, integrarlos, dejar en claro responsabilidades como la del seguro social.

Explicó que muchos trabajadores que están atrapados en Pasta de Conchos, recibían un salario y estaban anotados con otro en el IMSS para evadir pargos de parte de las empresas. Esta situación pone en peligro el monto de las pensiones que recibirán en el futuro esposas, madres, padres, hijas e hijos de los trabajadores.

Esta nivelación iniciará el procedimiento, dijo Manuel Fuentes, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México esta semana, el término para la demanda coincide con el 19 de febrero en que se cumplirá un año de la explosión.

Dijo, por otra parte, que no hay término legal para la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con relación a la indemnización que deberá pagar el gobierno federal por las omisiones cometidas, por no vigilar la seguridad de la empresa, hacerse cómplice de que no se renovaran los transformadores o no hubiera una cuerda de vida en los tiros de la mina, dejando en estado de total inseguridad a los trabajadores.

INSEGURIDAD HISTÒRICA, RESPONSABLE

Las investigaciones técnicas realizadas por Cristina Auerbach, no dejan lugar a dudas. La situación de la mina tenía todas las condiciones para que se diera la explosión. En el documento entregado a la Procuraduría esta mañana están fotos, filmes y otras pruebas contundentes, testimoniales de trabajadores que conocían cómo estaba la situación.

En ese sentido, dijo Fuentes, se pedirá a las autoridades del estado de Coahuila protección para los testigos, quienes podrían correr peligro debido a que los intereses de los concesionarios son millonarios, sin ética y responsabilidad, porque nunca en la historia se les ha hecho pagar y se solicitará a las comisiones de Derechos Humanos vigilancia para ellos (los testigos).

Finalmente el obispo Raúl Vera señaló que ahora es el momento de parar la impunidad en la zona carbonífera, de rescatar la verdad, de no proteger a los intocables, de hacer de los trabajadores y sus familias sujetos sociales y no sólo víctimas de la situación, que no es casual, sino que es resultado de la injusticia.

La entrega del voluminoso expediente fue apoyada por familiares y esposas que durante el fin de semana tuvieron conocimiento de él, informadas por el equipo de la Pastoral Laboral de la Diócesis, la cual durante 110 años ha sido testigo de la vida de la zona carbonífera.

De tener efectos jurídicos, las pruebas entregadas a la procuraduría podrían fincar responsabilidades a los concesionarios, a los directivos generales, al ex secretario del trabajo ?quien por ley debía inspeccionar las condiciones de seguridad– y los dirigentes del sindicato minero metalúrgico que también participaron en ocultar la situación de la mina que se ha convertido en la tumba de los trabajadores.

Igualmente, se reiteró en la conferencia de prensa, que sería demagógico sólo hacer pagar a un grupo de empleados menores una responsabilidad criminal de quienes dan concesiones para explotar el carbón, quienes lo administran y vigilan, esas son las autoridades gubernamentales, los empresarios, el sindicato, y aún podrían resultar responsables autoridades estatales y municipales que durante casi 100 años han permitido la muerte, la explotación y la violación de la ley.

07/SL/CV

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