Representantes diplomáticos de Finlandia recibieron hoy el cuerpo del activista Tyri Antero Jaakkola, mientras que los restos de la defensora Beatriz Alberta Cariño, fue entregado ayer miércoles a sus familiares. Ambos defensores de derechos humanos asesinados el pasado martes en San Juan Copala, a unos 300 kilómetros de esta ciudad capital.
Alberta Cariño, integrante de la organización CACTUS de Oaxaca, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia, formaban parte de la caravana que fue emboscada el martes pasado en las cercanías del municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca.
En el municipio de Huajuapan de León se les practicó la necropsia de ley a los defensores. Estuvieron presentes Seppo Tunturi y Arja Perala, representantes de la embajada de Finlandia; así como Fracis Sorby, representante de la embajada de Bélgica; y Omar Esparza, esposo de Beatriz Cariño Trujillo.
Los peritos médicos legistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinaron en ambos casos traumatismo profundo de cráneo con fracturas craneales y laceración de masa encefálica, producidas por proyectil disparado de arma de fuego.
En las últimas horas, se informó que los periodistas de la Revista Contralínea Erika Ramírez, David Cilia y los activistas David Venegas y Noé Bautista, quienes también formaban parte de la caravana, fueron localizados con vida.
El mismo martes del ataque, las autoridades sólo reconocían que Mónica Citlalli Santiago Ortiz, originaria de la ciudad de Oaxaca, de 22 años de edad, recibía atención en el hospital rural 66 del IMSS, en Santiago Juxtlahuaca por presentar lesiones de esquirlas de bala. En su testimonio la joven hablaba de dos personas muertas.
Las autoridades pudieron ingresar a la zona trique hasta ayer para hacer las diligencias, dictámenes periciales y localizar dos cuerpos de los dos activistas en el interior de una camioneta tipo Urban, de color blanco, con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino A.C.
Jorge Albino Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Juan Copala, considera que primero hubo una ola de represión directa contra el palacio municipal y ahora en contra de personas civiles, lo más absurdo que se podría hacer y no hay de otra que exigir la intervención de la Cruz Roja y la ONU y exigir que este caso lo retome la PGR.
San Juan Copala se ubica en una zona de Oaxaca, que además de pobre e indígena, se caracteriza desde hace décadas por la violencia ante la omisión de un gobierno ausente.
Ahí las mujeres prácticamente están imposibilitadas para ejercer sus derechos, la mayoría es monolingüe, no habla español ni sabe escribir o leer, viven con miedo y acosadas.
No falta quien en ese pueblo tenga un familiar herido o muerto por balas de integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) o el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) -o sus incisiones-, a cuyos dirigentes sólo se les identifica como los operadores de un monstruo que ha crecido al amparo del Gobierno.
A diferencia de las mujeres, los hombres no expresan miedo, dicen estar acostumbrados a una pelea entre el MULT y la UBISORT por ganar territorio. En esa lucha de años, la cuenta de los asesinatos se perdió y muchos permanecen impunes, como la desaparición desde el 5 de julio de 2007 de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, o el asesinato el 7 de abril del 2008 de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala.
En todos estos años no ha existido autoridad alguna que muestre interés por terminar con un fuego cruzado que domina la zona triqui, en la Mixteca, donde además de balas fortuitas, las personas mueren por no llegar rápido a una clínica por lo accidentado de los caminos, o por una deficiente alimentación.
CNDH EXIGE MEDIDAS CAUTELARES
En tanto, en un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos ocurridos en Oaxaca e informó que ya inició de oficio, un expediente de queja y solicitó al gobierno de Oaxaca la adopción de medidas cautelares, para que los defensores civiles de derechos humanos y los periodistas puedan desempeñar sus labores.
Para la CNDH el Estado mexicano no puede renunciar a su papel de garante del Estado de Derecho, sino que debe investigar de manera efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables.
Exigió a las autoridades locales la aplicación de mecanismos que permitan hallar con vida a los reporteros Érika Ramírez Pardo y David Cilia García y a los activistas David Venegas y Noé Bautista, de la organización Voces Oaxaqueñas, Construyendo Autonomía y Libertad, así como al ciudadano belga Martín Santana.
El organismo informó que visitadores adjuntos de la CNDH están ya en el lugar de los hechos, donde han entrado en contacto con familiares de los presuntos desaparecidos, recaban testimonios y han solicitado información a las autoridades.
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