Después de tres semanas de haberse vencido el plazo, el gobierno de Guatemala cumplió con una de sus cuatro principales compensaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual había encontrado culpable a ese país, de los asesinatos de cinco niños de la calle, ocurrido en la Ciudad de Guatemala en 1990.
Así, el 21 de diciembre, bajo una creciente presión internacional, el presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos ( COPREDEH), presentó los cheques por un total de 500 mil dólares a las cinco familias de las víctimas, y pagó 30 mil dólares en costos legales a Casa Alianza y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), copeticionarios en ese histórico caso.
Los cinco jóvenes de la calle guatemaltecos ultimados son: Julio Roberto Caal Sandoval, 15; Jovito Josue Juárez Cifuentes, 17; Henry Giovani Contreras, 18; y Federico Clemente Figueroa Tunchez,17; quienes fueron secuestrados a la fuerza por al menos dos oficiales de la policía nacional.
Sus torturados y mutilados cuerpos fueron encontrados cinco días después en un área despoblada cerca de la ciudad. Sus cuerpos no se encontraban descompuestos, por lo que se presume que fueron mantenidos con vida por varios días mientras eran torturados.
Un amigo de ellos, Anstraum Villagrán, 17, fue asesinado unos días después por los mismos policías.
«Espero que ahora los muchachos puedan finalmente descansar en paz», comentó Bruce Harris, director Regional de los programas de Casa Alianza para América Latina y acusador formal en el caso original contra la policía de Guatemala en 1990.
«El dinero no compra justicia, pero traerá un final a esta penosa y brutal práctica de las fuerzas de seguridad de Guatemala en contra de los niños sin hogar. La policía nunca más volverá a asesinar».
Algunas personas han criticado el hecho de que la compensación se entregue a las familias cuando se considera que ellos tienen alguna responsabilidad de que los muchachos estuvieran en la calle. Harris defendió vehementemente a las familias.
«¿Va usted a decirme que una abuela de 70 años de edad, quien duerme sobre el piso fangoso de su casa hecha de cartones forzó a su nieto a salir de ella? Son la injusticia y la inequidad las que llevan a los niños hacia las calles, y es la indiferencia de la sociedad la que los mantiene ahí»., dijo Harris.
El gobierno de Guatemala también nombró una escuela en memoria de las jóvenes víctimas y reabrió el caso criminal en contra de los policías que asesinaron a los niños, aunque uno de los acusados murió en un tiroteo cuando trató de robar un carro hace algunos años.
La Corte también ordenó al Estado a mejorar sus leyes para que éstas protejan mejor a la niñez, así como lo estipula la Convención sobre los Derechos de los Niños de Naciones Unidas.
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