La primera recomendación del nuevo ombudsman capitalino fue para Secretaría de Salud del Distrito Federal por violar los derechos de igualdad, libertad de procreación responsable e informada, de salud reproductiva e integridad física, de una interna del Centro Femenil de Readaptación Social «Tepepan» a quien negaron una salpingoclasia (esterilización femenina).
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, refirió que las autoridades médicas del penal se negaron a realizar una intervención quirúrgica de salpingoclasia, a la interna Rosa Julia Leyva.
La recomendación 01/2002 refiere además que se debe asegurar el acceso a quienes soliciten dicha intervención, así como la de vasectomía; la creación de un Comité de Etica Reproductiva en los Centros Penitenciarios; garantizar el suministro de anticonceptivos y medicamentos de calidad y el inicio de procedimientos administrativos contra servidores públicos que se negaron a practicar la cirugía a la interna.
Alvarez Icaza recordó que el pasado 3 de diciembre de 2001, la CDHDF recibió la denuncia de Leyva Martínez y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), luego de que las autoridades médicas se negaron a practicar la cirugía, cuya intervención consiste en prevenir definitivamente los embarazos.
Leyva Martínez había hecho la solicitud desde hace más de cuatro años, ya que antecedentes médicos constataban que de tener otro embarazo corría el riesgo de perder la vida.
Una médica legista de la CDHDF consultó el expediente de la agraviada, en el que encontró notas médicas que sustentaban la vialidad de aplicar la cirugía a la interna.
Para la Comisión, dijo Alvarez Icaza, una de las obligaciones de la Secretaría de Salud es asegurar el acceso a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, la planificación familiar y la salud sexual.
Por otra parte, abundó, no existe disposición expresa que obligue a las autoridades a negar a dichas intervenciones, así como imponer un método de anticoncepción a las personas sujetas a prisión.
Al final, Alvarez Icaza reveló que a pesar de que Leyva Martínez ya fue intervenida quirúrgicamente, «es de destacar que la cirugía fue realizada por una institución médica del orden federal ante la reiterada negativa de la instancia a la que competía hacerlo. La CDHDF considera que la autoridad responsable incurrió en una práctica administrativa contraria a la preservación de los derechos humanos».
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