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Envían carta a ONU y Senado contra reforma en Telecom

Por Anaiz Zamora Márquez
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Activistas y medios de comunicación manifestaron hoy su rechazo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Telecom), que se discute en el Senado, al considerar que viola Derechos Humanos (DH) básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información, no garantiza la neutralidad de internet e impide la igualdad de género.
 
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en esta capital, defensoras difundieron la “Carta abierta por neutralidad de la red. La Ley de Telecomunicaciones que queremos”, la cual entregaron ayer al relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y enviaron hoy al Senado.
 
En la misiva, agrupaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-México), explicaron por qué la iniciativa enviada por el Ejecutivo en marzo pasado es violatoria de los DH, y enumeraron 18 puntos que deben contemplar las leyes secundarias en la materia.
 
Las 151 organizaciones firmantes, entre ellas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (Amarc-Mx), y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dijeron que la ley propuesta por el Estado mexicano “olvida garantizar el servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión, permite la censura previa, viola el derecho a la privacidad, y sólo garantiza los derechos de las empresas”.
 
Por ello exigieron una ley con una perspectiva transversal de DH y que asegure la perspectiva de género, ya que es necesario que los contenidos de los medios no presenten a las mujeres como “objetos”, ni difundan conductas discriminatorias, además de que se establezcan políticas públicas para crear infraestructura y medios informativos administrados por mujeres.
 
NEUTRALIDAD DE LA RED
 
Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones civiles es la discriminación en el acceso a internet en el que podría derivar la reforma, ya que no garantiza la neutralidad de la red y además la “privatiza”.
 
Explicaron que el artículo 146 de la ley secundaria plantea que “los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas diferenciadas, según la necesidad de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de velocidad o calidad”.
 
Lo que se traduce –argumentaron– en que de no modificarse el artículo, el prestador de servicios de internet podrá establecer costos a las páginas y portales dependiendo del ancho de banda que requieran para su funcionamiento, y además de que las compañías puedan cobrar al público usuario dependiendo de las páginas que visite.
 
Esto implica, por un lado, que las páginas que generan poco contenido no tendrán oportunidad de competencia en contra de las que puedan pagar por un ancho de banda mayor y por otro, no se crean las condiciones necesarias para garantizar que toda la población acceda a la información en la red, sobre todo para quienes tengan bajos ingresos, pues es una medida “en perjuicio del bolsillo de las y los consumidores”.
 
“Queremos que cualquier persona decida a qué contenidos, aplicaciones y servicios en internet desea acceder, sin que autoridades o empresas interfieran con ese derecho”, expusieron las organizaciones.
 
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi) informó –con base en el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2012 (Modutih)– que México está rezagado en América Latina en el acceso a la red.
 
A nivel nacional existen 7.9 millones de hogares con conexión a internet, lo que representa que apenas dos de cada 10 hogares cuenta con el servicio. La mitad de las personas con computadora, pero no con internet, registró “la falta de recursos económicos” como la principal limitante para tener conexión a la red.
 
Además, hay una brecha de género en el acceso a internet, según el estudio “Las mujeres y la web”, realizado por Intel Corporation. En promedio, en países en desarrollo (como México) las mujeres tienen 25 por ciento menos acceso a la red que los varones, aunque la inequidad puede ampliarse de acuerdo con el contexto de la región o las comunidades.
 
En la conferencia de prensa, las organizaciones consideraron la propuesta de leyes secundarias como un retroceso a las garantías constitucionales, y exigieron que se legisle para garantizar que internet “sea un espacio plural, abierto y equitativo”.
 
Entre otros puntos, subrayaron que las normas secundarias deben respetar el derecho a la privacidad, fomentar la pluralidad informativa, garantizar medios públicos con independencia editorial, garantizar la autonomía financiera y la sobrevivencia de los medios sociales, y no reducir los tiempos gratuitos en radiodifusión que están a disposición del Estado.
 
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