Los gobiernos del mundo deben seguir tomando medidas para alcanzar la igualdad de género como un prerrequisito para combatir la pobreza, pero sobre todo porque se trata de un derecho humano irrenunciable, afirmó Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México.
Hoekman encabezó este viernes la conferencia de prensa conmemorativa del Día Mundial de la Población, que este año se celebra en torno al tema de la igualdad, en la que hizo un balance de los logros y rezagos de la comunidad mundial en el esfuerzo por alcanzar la igualdad de género en el que, dijo, los avances no han sido uniformes.
Destacó que las disparidades entre los países ricos y pobres, así como al interior de estos últimos, han aumentado y se agravan por la inequidad de género, y recordó la advertencia del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de que las Metas de Desarrollo del Milenio, particularmente la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, no podrán alcanzarse si no se enfrentan decididamente las cuestiones de población y salud reproductiva
La región que presenta mayores desigualdades, sostuvo, es América Latina y el Caribe, donde habitan unos 534 millones de personas, de las cuales cerca de 40 por ciento está en pobreza y la mitad en pobreza extrema, «situación que afecta con mayor intensidad a las mujeres».
«Un problema escasamente atendido, para el que no hay fronteras, es la violencia por motivos de género. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sido víctima de malos tratos, obligada a entablar relaciones sexuales o maltratada de alguna otra manera, con frecuencia por alguien que ella conoce, su esposo u otros hombres miembros de la familia», destacó.
Agregó que aun cuando las tasas de fecundidad mundial han disminuido de cinco a 2.6 hijos por mujer en los últimos 50 años, todavía existen grandes brechas en esta materia, pues mientras en algunos países africanos una mujer tiene en promedio de seis a ocho hijos, en Europa el promedio de nacimientos es de poco más de un hijo por mujer.
Por su parte, la secretaria general del Consejo Nacional de Población, Elena Zúñiga, insistió en que la demanda insatisfecha de anticonceptivos ilustra la persistencia de rezagos en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.
Aseguró que si bien el promedio nacional de esta demanda insatisfecha es de 10 por ciento «los promedios esconden profundas desigualdades sociales que persisten en el país», pues mientras en el área urbana es de siete por ciento, en el ámbito rural se eleva a 19 por ciento y entre las mujeres indígenas es de casi 29 por ciento.
«Esta situación de desventaja se acompaña de elevados niveles de mortalidad materna e infantil, una edad temprana al momento tanto de contraer matrimonio como de tener el primer hijo, un escaso espaciamiento entre los nacimientos, una alta fecundidad y la continuación de la maternidad a edades tardías», destacó.
Estos indicadores son expresiones del rezago demográfico que constituyen una clara manifestación de desventaja social que tiende a reproducirse, dijo, y señaló la importancia de articular las estrategias de salud reproductiva con enfoques más amplios e integrales, orientados a ampliar las capacidades, opciones y oportunidades de los individuos.
En su turno, Gabriela Rodríguez, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, afirmó que en México los rezagos en materia de derechos humanos se concentran en quienes siguen excluidos de ellos.
Son, dijo, las mujeres más pobres, que no deciden sobre sus cuerpos, sus comunidades ni sus gobiernos; las madres que mueren por cáncer, embarazo, parto y aborto; las niñas y jóvenes que no tienen acceso a enseñanza media no a seguridad social; las madres adolescentes con embarazos no deseados y las esposas víctimas de violencia económica, psicológica, sexual y física, entre otros grupos.
Pese a los rezagos, Rodríguez reconoció los logros de la política poblacional aplicada en México a partir de 1970, y sostuvo que ahora, cuando están por arrancar las campañas para la elección del 2006, los ciudadanos «no queremos que se pierda, sino que todos los partidos reafirmen su continuidad como política de Estado».
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