El camino judicial, político y familiar que ha seguido el caso de la señora Ernestina Ascencio, violada y asesinada presuntamente por militares, está lleno de contradicciones, omisiones, de apariciones y desapariciones, de acusaciones y amenazas, plasmadas en miles de páginas y repetidas por cientos de voces, en sus numerosas versiones.
Pero, sobre todo, es un caso en el que desapareció por completo la voz acusadora de la señora, quien in artículo mortis, en las últimas horas de su vida, señaló a los militares como responsables del ataque sufrido. Dictámenes, oficios y actas, sepultaron su dicho.
Apenas transcurridas 24 horas del deceso de doña Ernestina, como consecuencia de las lesiones que le provocaron la violación y maltrato que le habría infringido un grupo de militares el 25 de febrero, la promesa de apoyos materiales y económicos del gobernador Fidel Herrera intentaba evitar la violencia de más de 3 mil indígenas nahuas que, indignados, exigían justicia.
El propio procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez, había ordenado horas antes el descenso de la Sierra de Zongolica de cuatro soldados escoltados por dos camiones militares. Aparentemente eran los responsables.
Inicialmente, el examen médico practicado a doña Ernestina y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana indicaron que había fallecido de una fractura craneoencefálica y cervical. Además, decían que su cuerpo presentaba desgarros en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión, lo cual coincidía con lo que ella dijo a su hija respecto a lo que le había sucedido.
Pero 48 horas después del suceso y sin ser requeridos arribaron los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Ricardo Coronado, Raúl Neri, Francisco Plata y Pedro Armendáriz, al tiempo que el gobierno estatal cumplió su promesa de distribuir en Tetlacinga miles de despensas y cientos de bicicletas.
Al inicio de las investigaciones, los cuatro soldados, a quienes bajaron de la sierra escoltados, fueron presentados ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, aunque siete más eran investigados por su coparticipación.
Sin embargo, en su boletín 019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exculpó al Ejército.
En este caso en particular, dice el comunicado, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades.
Argumentando equivocaciones, la Sedena intentó recoger las copias de este boletín entregadas a medios de comunicación y lo sustituyó por otro, marcado con el mismo número, que a la letra dice: Se han entrevistado a 4 oficiales y 79 elementos de tropa que forman parte de la Base de Operaciones García, que se encontraba a dos kilómetros del lugar de los hechos, sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los incriminen.
Pero el campamento a que alude el boletín, en donde se estacionaban los presuntos responsables, estaba sólo a 200 metros del lugar de la agresión.
En el mismo comunicado, la Sedena aceptó la violación de la mujer, pues informaba que se continúan realizando exámenes de investigación policial y criminalística de campo. Peritos especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar.
El propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, anunció que 20 días más tarde contaría con los resultados de los exámenes y aclaró que no hay elementos detenidos, únicamente están 93 elementos acuartelados, pues son sometidos a interrogatorios, y se les aplica exámenes de ADN para verificar su responsabilidad en el caso.
Así, en su boletín número 20 agregó: Estas muestras, junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la Ciudad de México, DF, para que con apoyo de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, se obtengan los perfiles genéticos, que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes, para deslindar responsabilidades. Los resultados de estas pruebas tienen un tiempo estimado de 15 a 20 días.
Ya desde entonces, los visitadores de la CNDH, conjuntamente con René Huerta, líder de la agrupación indígena CROISZ y autonombrado representante de la familia de la señora Ernestina, iniciaron una suerte de cerco informativo en torno a las y los Inés Ascencio. Ni medios de comunicación o representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tenían acceso a un diálogo privado con la familia.
Tras la exhumación del cuerpo, solicitado por la CNDH el 7 de marzo y realizada el 9, esta institución omitió requerir cortes de piel de vagina y ano limitándose a pedir cortes de otros órganos para investigar posibles enfermedades de la mujer.
La agente del Ministerio Público Militar, Norma Núñez Vázquez, desmintió la detención de dos de los cuatro soldados presuntos violadores y homicidas, anunciada por Fidel Herrera, y la responsabilidad de Sergio Arturo Aragón, jefe del batallón 26.
El caso dio un giro cuando, en entrevista y sin pregunta previa, Felipe Calderón afirmó a Elena Gallegos, reportera del periódico La Jornada: He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada.
Tras la declaración de Calderón, la CNDH acudió al hospital Regional de Río Blanco a investigar un caso de negligencia médica cometido en contra de la indígena, interrogando a la ginecóloga María Elena Rodríguez Cabrera, el cirujano Eric Maya y el cardiólogo Isidro Mendoza, quienes atendieron a la mujer.
Tras la visita, la versión médica sobre el grave estado en que llegó Ernestina, con perforación de órganos internos producto de una agresión con un objeto contundente, fuertes hemorragias, y fracturas, luxaciones en diversas partes del cuerpo y la creciente inflamación del vientre por la perforación de intestino y en consecuencia el envenenamiento de su cuerpo con heces fecales, fue modificada.
A partir de entonces, la causa de muerte, según las autoridades del Hospital Regional de Río Blanco fue: enfermedades gástricas, no había ya indicios de violación ni fracturas.
La hipótesis de una muerte natural, no violenta, mucho menos resultado de una violación sexual, que delineó Calderón y abonó José Luis Soberanes, se fue colocando en los medios de comunicación.
Paralelamente, la Sedena, a través del encargado de Comunicación Social del Ejército, Lucio González Cortés, contradecía lo sostenido por la dependencia antes de los dichos de Calderón y Soberanes: La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido.
Y ante tal hipótesis, era necesario sepultar las anteriores evidencias: los peritos María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal Pérez e Ignacio Gutiérrez Vázquez fueron suspendidos de sus cargos y sujetos a una investigación, que no concluye aún la PGJE, pero que podría resultar en un proceso penal contra ellos.
Las y los hijos de doña Ernestina rechazaron la versión de Calderón, CNDH y PGJE. Aseguraron que su madre era una mujer muy sana, que se alimentaba bien y nunca acusó dolor. Además reiteraron que su madre había sido golpeada, torturada y agredida sexualmente.
Sin embargo, hoy las autoridades estatales aseguran que ellos aceptan el dictamen de una muerte natural y no culpan a nadie de la muerte de Ernestina. Es más, según el Gobernador de Veracruz, doña Ernestina nunca habló.
Lo cierto es que, en días pasados, las y los cinco hijos de Ernestina estuvieron hospedados en el Hotel México de la ciudad de Xalapa, a donde llegaron a bordo de un autobús turístico, y en donde revelaría al medio electrónico www.alcalorpolitico.com que iban a recibir dinero del gobierno del estado además de que el gobernador les hizo la promesa de ayudar a todo el pueblo.
Para que no hubiera duda de su nueva posición ante el caso Ascencio, Fidel Herrera dijo por su parte: Junto a la solidaridad expresa del pueblo y gobierno de Veracruz está también la del Glorioso Ejército Mexicano, comprometido con nosotros a investigar y aplicar todo el peso de la ley de la jurisdicción del fuero común y de la jurisdicción castrense a quien resulte responsable de este insensato y estúpido crimen.
El 24 de abril, Herrera se reunió con José Luis Soberanes. Dos días más tarde afirmó: Ningún integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió. Tengo la certeza de que esto, por el bien de las instituciones, de la ley y de los veracruzanos y de los indígenas y de todo lo que esto implica, tiene que concluir, y muy bien, por el bien del país.
Así, el 30 de abril, el fiscal especial Juan Alatriste confirmó las palabras de Fidel Herrera, de la CNDH y Felipe Calderón: la muerte de Ernestina Ascencio Rosario no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo.
Existen desgarros anales del esfínter, dijo Alatriste, los cuales pueden deberse a diversos factores, razón por lo que no existen mayores indicios criminalísticos, que hagan al menos presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por esa vía no idónea. Sin embargo, sí se cuenta con datos de laboratorio, relativos a una parasitosis y la opinión médica sobre la asistencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico.
Las voces de médicos, políticos y militares coincidieron: fue una muerte natural. De nada valió el esfuerzo de doña Ernestina, quien a punto de morir acusó: se me echaron encima los hombres de verde.
07/LC/GG/CV
