Error, incluir víctimas de trata en Ley General de Víctimas: Ulloa

Es preocupante que en las modificaciones que proponen algunas senadoras a la Ley General Contra la Trata de Personas se remitan los derechos de las víctimas de este delito a la Ley General de Víctimas, porque, desde una postura de derechos humanos, estas “no son víctimas generales”, afirmó Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).
 
En entrevista para Cimacnoticias, realizada durante los cabildeos que sostiene con integrantes del Senado de la República para discutir las modificaciones a la Ley, Ulloa lamentó que la norma, aprobada  hace un año, presente muchos errores, aunque aclaró que no tiene inconveniente en algunas propuestas como el otorgamiento de mayores penas para victimarios que sean miembros de refugios, albergues o centros de atención a víctimas o que hayan tomado imágenes durante el sometimiento.
 
Por su parte, las senadoras Adriana Dávila del Partido Acción Nacional (PAN), y Angélica de la Peña del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informaron en conferencia de prensa que detectaron cerca de 50 errores que están generando impunidad y vacíos legislativos para sancionar casos como el de “Casitas del Sur”, donde presuntamente hubo trata de personas.
 
Por ello, el 8 de octubre pasado propusieron una iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores, junto con integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, para que la ley incluya nuevas modalidades de  explotación, como  la separación de una niña o niño recién nacido de su madre, alistamiento de menores en conflictos armados, extracción de fluidos o líquidos corporales, matrimonio con fines de procreación y la servidumbre costumbrista.
 
Dicha iniciativa, que ya se encuentra en las comisiones Unidas contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos para su análisis, propone también eliminar la exigencia, contemplada en la Ley original, de demostrar el delito de trata con fines de explotación, porque para las legisladoras la lesión o daño a la víctima se verifica al ser explotada. También prohibiría responsabilizara la víctima  “por su forma de vida”.
 
Las correcciones a la norma, informaron las senadoras, visibilizarán a las y los recién nacidos, así como a niñas y niños de hasta 6 años, a quienes se protegerá mediante penas más severas para su agresor o agresora, y establecerán la necesidad de crear “códigos éticos” para los medios de comunicación, con el fin de  evitar que sean utilizados para la comisión del delito mismo.
 
En caso de que el Senado apruebe estás modificaciones, la propuesta iría a la Cámara de Diputados para su aprobación.
 
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año 20 mil personas son secuestradas en México con fines de explotación laboral y sexual, el 80 por ciento son mujeres y niñas.
 
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