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¿Es posible el borrón y cuenta nueva?

Por Clara Jusidman*

Retorna el PRI a la presidencia de la República con un presidente electo que por su desempeño previo como gobernador del Estado de México no parecería ser el hombre de Estado que México está requiriendo ante la catástrofe humana que vivimos.

A pesar de las diversas voces provenientes básicamente de las élites de las iglesias, de la sociedad civil y del empresariado que llaman a la población y a los políticos a acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, varios pensamos que se trata de un llamado a un borrón y cuenta nueva en un asunto de la mayor trascendencia para el país en el que han quedado amplios espacios de obscuridad sobre la legitimidad del reciente proceso electoral.

Nuevamente como en ocasiones anteriores, observamos deficiencias en la legislación en este caso para dotar a las instituciones electorales de suficientes herramientas y tiempos para realizar una investigación profunda sobre el flujo de recursos ilegales para las campañas de los candidatos, así como para clarificar las acciones ilegales a fin de inducir o disuadir el voto en favor de uno u otro candidato o para sancionar con suficiente contundencia la comisión de delitos electorales como para impedir la práctica de los mismos.

Los resultados del proceso electoral muestran las grandes diferencias y deficiencias en la fortaleza institucional y en la cobertura territorial efectiva de los partidos políticos que incluso se vieron en la necesidad de pagarle a representantes en las casillas pues su militancia no les alcanza para realizar esa importante tarea, o cuyos abogados no cuentan con la experiencia y la destreza requeridas como para armar buenos expedientes de impugnación y reunir pruebas adecuadas. Hay indicios de que nuevamente el PRI puso en práctica a través de sus gobernadores el enorme conocimiento acumulado sobre ingeniería electoral para influir en las elecciones sin que ello se manifieste como una operación de fraude generalizado.

Volvimos a ser testigos de la intervención de los grupos de poder económico para preservar sus intereses generando hostilidad hacia la posibilidad del triunfo del candidato de los partidos de izquierda, obstaculizando el ejercicio libre e informado del voto o presionando a las autoridades electorales para recuperar sus privilegios.

A pesar de los buenos resultados obtenidos en términos de la organización de las elecciones, nos quedamos con dudas sobre la calidad, acuciosidad e imparcialidad de las cúpulas de las instituciones electorales donde la participación de personas cuya historia previa, compromisos adquiridos o perfil personal no justificaría su presencia como parte de los árbitros del proceso. Su evidente prisa por concluir su actuación y declarar válida la elección no se compadeció con la amplia percepción de que algo muy fuerte fuera de la legalidad, había ocurrido y que no se habían cumplido los preceptos constitucionales de equidad, libertad y transparencia.

Hubo una interesante y elevada participación ciudadana que en poco más del 60 por ciento no votaron a favor del candidato triunfador y de los cuales una proporción amplia no quedó conforme con el proceso. La desilusión con la democracia y los resultados de los gobiernos panistas, una sociedad crecientemente conservadora y el temor a la difusión de la violencia en todo el territorio, contribuyeron al retorno del PRI al gobierno federal.

Aún cuando el registro de observadores electorales fue elevado no se logró una observación organizada que jugara un papel disuasivo para la comisión de abusos por parte de todos los partidos políticos. Esta observación debería cubrir todo el proceso e iniciarse al menos, en octubre del año previo al día de las elecciones.

En fin muy diversos actores, incluyendo a las empresas encuestadoras y a los omnipresentes medios de comunicación, generaron una serie de intervenciones interesadas, que sabemos tuvieron un papel en los resultados, pero que son difíciles de probar en plazos tan cortos como para armar un expediente que justificara la anulación de la elección.

Todos los partidos y todos los candidatos, junto con los grupos de interés contribuyeron a generar una elección opaca, que nuevamente deja una secuela de dudas y un conflicto abierto en la vida política del país.

*Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social AC

12/CJ/LGL

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