«… y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así…» De la canción No, de Shakira
Los métodos disciplinarios incluyen golpes, castigos y excesos verbales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Zacatecas despliega una acción sin precedentes para sensibilizar a las partes involucradas y proteger a los menores. Aceptan la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Sección 58 y los padres de familia una acción conjunta para corregir el fenómeno de la violencia en las aulas.
El Consejo de la CEDH acordó entrar de lleno a un asunto al que no se le ha dado la debida importancia y que no existe en la agenda del quehacer público. Se trata del maltrato escolar, el cual, desafortunadamente, es un fenómeno de gran magnitud que se ha vuelto parte de nuestra cultura.
El maltrato escolar es el uso de la violencia física o emocional por parte de los maestros hacia el alumnado. Provee a los menores de inseguridad, trastornos emocionales como conductas agresivas y depresión, así como de rechazo a la escuela. Lamentablemente, los padres de familia –por desconocimiento- suelen avalar estas prácticas que consideran correctivas.
A la luz de los Derechos del Niño existe un encontronazo entre las disposiciones de carácter internacional con reconocimiento nacional y estatal y las formas en que se imparte la educación.
Luego de reiteradas denuncias, que fueron inicialmente tratadas por la vía de la conciliación, la CEDH aplicó un estudio muestra que incluyó 10 escuelas. Este primer acercamiento permitió conocer que más del 30 por ciento de las niñas y los niños encuestados reveló ser objeto de golpes con el borrador del pizarrón en la cabeza y con la regla en las manos, así como estirones de cabello y otros castigos que los expusieron al ridículo frente a sus compañeros.
Mucho se ha hablado de la calidad educativa y, sin embargo, la idea nos remite a un enfoque exclusivamente académico, de contenidos y programas. Pocas veces es considerado el aspecto del método o la forma, y no sólo su impacto inmediato en la personalidad de los niños y las niñas, sino la trascendencia para forjar su personalidad.
Los menores tienen derecho a que se proteja su integridad. Esto se refiere concretamente a cualquier acción u omisión que implique desprotección o atente contra la integridad del menor y produzca, como consecuencia, la corrupción, la explotación, la drogadicción, el abuso sexual u otro daño físico o mental.
En el caso que nos ocupa, la implicación directa en agravio de los educandos es el daño físico y mental. La Ley General de Educación, tanto federal como local, garantiza al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y para que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Decíamos párrafos atrás que no es la primera ocasión en que la CEDH investiga en el campo escolar. Otros casos de agresión física y verbal han sido tratados directamente con los maestros que fueron señalados por maltrato. La actitud inicial de ellas y ellos es de incredulidad, sorpresa y hasta extrañamiento. Esto ha llevado a una conclusión primaria sobre el hecho de que justifican la agresividad como herramienta «efectiva» y desconocen que constituye una práctica prohibida.
Con razón se diría que es ingenuo creer que los maestros y las maestras no se han dado cuenta de su falta y que, en lugar de sensibilizarse y aceptar errores, se autojustifican. Lo que ocurre es que el ejercicio de autoridad bajo estos criterios es un rasgo cultural de la impartición de la educación que, sin embargo, tiende a desbordarse.
Hay que reconocer que las conductas agresivas no provienen sólo del magisterio, sino que se convierten en un fenómeno que cruza todos los ámbitos de la sociedad. La violencia está en la familia, en la calle, en los hospitales, en los policías, en los servidores públicos, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las políticas de Estado, en el gobierno. Más bien hay que preguntarse dónde no. Se concibe la violencia, pues, como un mal estructural, por más que sea antinatural.
La neurosis, reconocida como uno de los trastornos mentales más comunes que generan violencia en nuestra época, parece ser el referente inmediato del mal que nos agobia. Y detrás de ésta, una madeja difícil de desenredar.
Todo esto lo podemos entender, pero no podemos justificarlo cuando los daños tienen impacto en terceros; en este caso, los niños y las niñas. Sobra decir que los niños maltratados se vuelven reproductores de violencia y que este momento histórico torna urgente romper estos círculos viciosos.
Si bien éste es un momento en que el problema de la violencia familiar o violencia doméstica ha logrado ocupar un lugar en la comprensión social y en su tratamiento dentro de las políticas públicas, el siguiente escalón -en un campo diferente- es el de la violencia escolar enmarcada en el tema de la violencia áulica.
Los padres de familia, las instituciones educativas, los sindicatos de maestros y otros actores se ven emplazados a abordar este problema de manera conjunta. Por lo pronto, en el estado se procederá inicialmente al levantar un diagnóstico que permita conocer más a fondo la dimensión del maltrato escolar y diseñar un tratamiento tendiente a modificar estas conductas.
No menos importante es el abuso sexual en las escuelas, donde es poco atendido y, por ende, poco reconocido por las autoridades educativas. El abuso va desde el acoso hasta la violación y, en algunos casos, la explotación sexual de las y los menores.
Existen cuatro grandes barreras para poder ubicar, resolver y prevenir con eficacia este problema:
1.- La aceptación, por parte de los padres, de la violencia institucional como método adecuado de enseñanza. La madre y el padre colaboran, aceptan y hasta alientan el maltrato a los niños por parte de los maestros, y llegan al doloroso extremo de culpar al menor por el hecho.
2.- El silencio de las niñas y los niños, quienes por temor o por inmadurez aceptan el maltrato como parte de su relación con los maestros de la escuela. Consideran normal y hasta justo el castigo severo por no haber aprendido la lección, por no haber llevado la tarea o porque el padre, la madre o el tutor no asistieron a la junta escolar.
3.- Asimismo, la formación del maestro, porque el mentor pudiera ser un sujeto producto de un medio hostil y considerar positivamente sus actos de abuso de poder como formas adecuadas de la prestación de su servicio profesional y como métodos aceptables de disciplina.
4.- Las autoridades educativas, en tanto que en la actualidad existen diversos factores que impiden que un docente perpetrador de maltrato deje de laborar en el sistema educativo. Por un lado está la actitud de las autoridades que pretenden ocultar o minimizar los hechos en aras de preservar la «integridad de la institución». Por otro, pero en el mismo sentido, se encuentra la acción sindical que protege al agresor.
En Zacatecas se ha dado un paso de gran trascendencia del que públicamente ya dieron cuenta los actores en una conferencia de prensa conjunta que empezó por el reconocimiento del problema y continuará con el levantamiento de un diagnóstico; de esto se derivarán acciones para entrar de lleno en este asunto. La CEDH ejercerá el seguimiento correspondiente y orientará medidas que sensibilicen al magisterio para imprimir los cambios necesarios.
*Consejera de la CEDH de Zacatecas
