Dominga González Martínez lleva más de 4 mil días en reclusión. Tiene 61 años de edad y desde hace 11, es una de las 36 habitantes de la celda número cinco del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Esta indígena nahua fue acusada, junto con cinco personas más, de homicidio calificado y privación de la libertad. Le dieron la pena máxima de 50 años de cárcel. Eso fue en 2017, pero llevaba prisión desde 2007.
Notablemente delgada –no era así antes de la prisión–, viste siempre de azul: falda que le cubre las rodillas, playera y una sudadera maltrecha para tratar de hacer frente al frío del lugar. A veces, como aquella tarde de visitas, lleva una camiseta con la estampa de la Virgen de Guadalupe.
El azul identifica a las mujeres procesadas del penal de Santiaguito y el caqui a las que ya tienen sentencia. Como una forma de gritar su inocencia, Dominga se ha negado a usar el caqui. “Yo no maté a nadie. Ese lo voy a usar cuando mate yo”, sostiene aguerrida desde el patio de visitas de la cárcel.
Antes de su detención, su oficio era el campo; trabajaba las flores para sacar adelante a sus cuatro hijos. “Sé cultivar rosas, claveles, gerberas; preparaba los fumigos, sembraba coliflor, cortaba haba, juntaba raíces medicinales”. También disfrutaba de trepar árboles, destreza que aprendió en la niñez, para después compartir con su familia los frutos de la recolecta.
Dominga es originaria de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México. En este sitio nace el río Texcaltenco, codiciado por los empresarios floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero y con quien, desde 2002, el pueblo de Tlanixco mantiene una disputa por el uso y disfrute del agua del río. La concesión a favor de la comunidad fue cancelada el 14 de mayo de 2001 y entregada por la Comisión Nacional del Agua a los empresarios.
Por varios años, Dominga participó activamente en la defensa del río, como parte del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco: “Yo defendía el agua de mi pueblo. Gané un amparo, me eligieron a mí porque era la única mujer y porque tenía papel de ejidataria, pocos lo tenían, solo como diez”. Recuerda que desde que les quitaron el agua, las mujeres tenían que ir a la barranca a lavar: “Cuando llovía nos agarraba el agua con nuestros hijos; era peligroso, la barranca está muy fea”.
Dominga es considerada presa política por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que desde hace tres años litiga el caso. En la misma situación están otros cinco pobladores de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco encarcelados y condenados bajo la causa penal 32/2013: Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles.
El director de esta organización, José Antonio Lara Duque, comenta que el rasgo común de estas personas es su “activo liderazgo en la defensa del derecho al agua en su comunidad”, lo que confirma “que se trata de un grave caso de persecución política, que busca dar un castigo ejemplar, intimidando a la comunidad y defensores de Derechos Humanos”.
Sostiene, asimismo, que no es posible probar la responsabilidad de estas personas defensoras en los delitos que se le imputan: “Es imposible crear un nexo casual que relacione su conducta con el resultado material del hecho sancionado”. Contrario a ello, afirma, “existen pruebas de que los testimonios inculpadores se realizan por testigos inducidos y que el juez en la sentencia recurre a argumentos racistas”.
CÓMO SOBREVIVIR 11 AÑOS EN PRISIÓN
Sin saber leer ni escribir, Dominga ha dejado pasar la oportunidad de ir a la escuela en Santiaguito. Los miércoles hay clases pero le cuesta trabajo concentrarse. Se la pasa pensando en su caso, en las audiencias que vienen; le queda poca cabeza para aprender aunque nada más, como dicen las mujeres en reclusión que la acompañan a la entrevista, “le falta juntar las letras”.
De familia humilde, Domi, como la llaman sus amigas de prisión, obtiene su manutención del trabajo que realiza al interior del penal. A las 6:30 de la mañana ya está despierta. Lava pisos, cocina, recoge mandados ajenos, limpia su celda, hace bolsas, borda servilletas, trabaja el fomi… El ocio y el aburrimiento no caben en su rutina; los momentos de nostalgia y extrañamiento son inevitables. Entonces le reza y le canta a la virgen; sus amigas ya memorizaron su amplio catálogo de cánticos, los entonan en una sola voz, le dicen que canta bonito.
“Lo que más extraño es a la familia, ir a cortar las flores. Aquí una viene a perder todo. Cuando me trajeron sentí que me cortaron las alas, te sientes encerrada, se hace monótono el tiempo”, cuenta Dominga. A esta mujer la cárcel le afiló el carácter. Mecanismo de sobrevivencia. En este entorno hostil y, gracias al consejo de sus más cercanas, aprendió a defenderse de otras mujeres en reclusión.
Defensora del agua en libertad y en prisión, Dominga relata cómo pudo salir intacta de una amenaza de muerte que la persiguió durante semanas. Resulta que ella es encargada de encender la bomba de agua que provee a las internas de la celda cinco. Una de estas mujeres se enfureció porque Dominga no activó la bomba a su orden. “Me querían picar por el agua de la cisterna; yo no quería que se quemara la bomba”, recuerda, lo mismo que los gritos de su rival desde el otro extremo del patio: “¡Dominga, te voy a matar y te voy a hacer carnitas!”.
Las amigas le decían “no te dejes, no le demuestres miedo, aunque por dentro te estés muriendo. Aquí sobrevive quien tiene más saliva”. Dominga siguió el consejo y le funcionó. “¡No te tengo miedo, a donde tope!”, encaraba a su antagonista cada vez que ésta la increpaba con amenazas; finalmente logró tranquilizarla. “Yo no era así pero aquí me tengo que defender”, se justifica.
Dominga no pierde la esperanza de salir pronto de prisión y reunirse con su familia, incluídas sus hermanas que, pese a la falta de recursos, la visitan cada fin de semana, junto con las hijas y los nietos. “Pido que me ayuden a salir de aquí. Es una injusticia lo que nos están haciendo. Yo defendía el agua de mi pueblo. Sin agua no hay vida”, afirma.
“Aquí llevo once años. Es una injusticia lo que nos están haciendo. Todo por defender el agua, nosotros no teníamos». “Es un grave caso de persecución política, que busca dar un castigo ejemplar, intimidando a la comunidad y defensores de Derechos Humanos»
NO PIERDE LA ESPERANZA DE OBTENER LA LIBERTAD
Dominga espera en prisión la resolución de la apelación interpuesta en junio pasado por su defensa legal, a cargo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Del resultado de esta impugnación depende también la libertad de los otros cinco presos políticos de San Pedro Tlanixco. La mujer de 61 años reconoce su tristeza, pero señala que no ha perdido la esperanza de quedar en libertad y reunirse con su familia.
José Antonio Lara explica que la impugnación en curso podría tardar hasta un año y medio en resolverse. Destaca que ésta se dirime en el Juzgado Primero, “donde por excelencia se resuelven los asuntos de índole política”; aquí, por ejemplo, se juzgó a los pobladores de Atenco y a los ejidatarios y comuneros del municipio de Salazar, quienes habrían denunciado el despojo de sus tierras.
Según la causa penal 32/2013, a Dominga y a otros cinco habitantes de San Pedro Tlanixco se les acusa presuntamente de haber participado en la muerte del empresario de origen español Alejandro Isaac Basso, ocurrida el 1 de abril del 2003 tras una pugna entre pobladores, empresarios floricultores y autoridades por la concesión del agua del río Texcaltenco.
Ese día, representantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi) ingresaron al territorio de Tlanixco sin autorización del pueblo nahua para acusarlos de ensuciar el agua. Entonces, algunos pobladores de Tlanixco hicieron repicar las campanas de la iglesia, acción que reunió a más de 300 personas. En medio de la confusión, Alejandro Basso cayó accidentalmente a un barranco, pero se alega que se trató de un linchamiento.
Pese a que su proceso estuvo plagado de inconsistencias y contradicciones, como es común en los casos de prisión política en México, el juez primero penal de Primera Instancia de Toluca encontró culpables del delito de homicidio y privación de la libertad a Dominga y otros cinco pobladores de San Pedro Tlanixco y los condenó a 50 años de cárcel.
Dicho juez decidió otorgar la pena máxima a estas personas defensoras a partir de tres “argumentos”: por alegar ser defensoras de Derechos Humanos, por no considerarlos indígenas y por defender los usos y costumbres.
En su sentencia, el juez primero se refiere a los usos y costumbres de la siguiente manera: “Revelan una falta de respeto a las normas que regulan la convivencia social y la seguridad de las personas”.
Se trata, a decir del director del CDHZL, de un señalamiento que revela la parcialidad y el profundo desconocimiento del juez en la materia, ya que de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es país firmante, se debe tener una perspectiva incluyente sobre los valores y prácticas sociales.
EL PROCESO JURÍDICO: SUMA DE INCONSISTENCIAS
Las características físicas de Dominga González Martínez, que concordaban con la descripción de uno los testigos -“una señora morena y chaparrita”-, fueron argumento suficiente para criminalizarla, señala José Antonio Lara.
El defensor cita algunas de las inconsistencias que han caracterizado el caso de Dominga y los presos políticos de San Pedro Tlanixco. La constante han sido declaraciones inducidas, como cuando uno de los testigos de la parte acusadora reconoció que la hermana del fallecido empresario lo instruyó para declarar, y los diversos cambios de versión por parte de los denunciantes.
Destaca, asimismo, que ni un solo testigo refiere haber presenciado directamente que se privara de la vida al empresario Alejandro Basso, sino que aseguran que “un niño pastor” se acercó a unos policías preventivos para decirles: “Vi que los de Tlanixco aventaron a alguien a la barranca”. Hecho que jamás pudo ser verificado por la Policía de Investigación Ministerial.
Aunado a ello, el juez no dio valor probatorio a las declaraciones de Dominga, por realizarse casi cuatro años después de los hechos, ya que la acusada que tuvo el tiempo suficiente para buscar una coartada y argumenta que “no se trata de una declaración espontánea, sino de una declaración preparada y reflexionada”. Sin embargo, contrario a ello, el único testigo denunciante de Dominga la señaló como instigadora luego de tres años y medio de ocurridos los hechos.
Finalmente, explica Lara, ninguno de los once testigos señaló directamente, en sus declaraciones primigenias, a alguna de las seis personas sentenciadas, sino hasta 15 días después, lo que es fundamental, ya “que en el ámbito jurídico lo testimonios primigenios tienen mayor peso probatorio que los posteriores”.
En un comunicado emitido el 9 de julio de 2018, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (integrada por 225 defensoras y periodistas) demandó al Estado mexicano “la inmediata liberación de la defensora Dominga, tras 11 años de prisión política”.
“Exigimos, igualmente, libertad y justicia para los otros cinco defensores del Derecho Humano al agua sentenciados a 50 años de prisión bajo la causa penal 32/2013. Nuestra Red civil demanda al poder judicial del Edomex, vía el Juzgado Primero, que resuelva favorablemente y sin demora el recurso de apelación interpuesto en junio pasado y, en tanto, dicte sentencia absolutoria para Dominga y los presos políticos de San Pedro Tlanixco”, sostiene el colectivo.
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Pikara Magazine- Pikara. Lab
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