En al menos 13 estados del país hay mujeres que enfrentan procesos judiciales por interrumpir su embarazo, o que son acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo; algunas de ellas están en prisión.
De acuerdo con organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres, esta problemática afecta sobre todo a las mexicanas de escasos recursos. La situación se agravó con la penalización del aborto en 17 entidades federativas entre 2008 y 2010, acusan.
Las modificaciones a las constituciones locales consistieron en establecer la «protección de la vida desde la concepción-fecundación» hasta la muerte natural, y fueron aprobadas por legisladoras y legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), principalmente.
Los estados afectados son Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Campeche.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) da acompañamiento jurídico y tiene documentados más de 20 casos de mujeres procesadas por aborto o que reciben tratamiento médico integral fuera de prisión en Baja California, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Michoacán.
Según el Centro de Derechos Humanos Las Libres, con sede en Guanajuato, en 11 estados hay mujeres encarceladas por abortar o acusadas de homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir un aborto espontáneo.
Esas entidades son San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Sonora, Chiapas y Baja California.
Las Libres han documentado que 160 mujeres guanajuatenses fueron denunciadas por aborto entre 2000 y 2010.
De acuerdo con las resoluciones de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en El Cairo en 1994, el aborto no puede considerarse un método de planificación familiar, pero sí forma parte de los derechos reproductivos de las mujeres ante un embarazo no deseado o la falla de los métodos anticonceptivos.
Los derechos reproductivos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autonomía reproductiva está reconocida en el artículo 4º constitucional, el cual refiere que «toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos».
La Constitución es la ley suprema a la que deben ajustarse los demás ordenamientos, tales como leyes generales, constituciones estatales, y leyes federales y locales, advierte GIRE.
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