Hace una década los estados-miembro de la ONU se comprometieron a revisar la legislación sobre aborto para prevenir las 70 mil muertes maternas que por esta causa ocurren cada año en el mundo. Los avances han sido escasos, en parte por la presión de grupos conservadores que, como Provida, son cada vez más cuestionados.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) se registran en México 200 mil abortos –inducidos o no— al año, pero según la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) podrían ser hasta un millón de abortos provocados en el país.
El número fatal, en cualquier caso, resulta en un centenar de mujeres muertas por abortos inseguros al año, lo que de acuerdo con la mayoría de estas instituciones y la Organización Mundial de la Salud (OMS) resulta absurdo, puesto que en condiciones adecuadas el procedimiento es seguro.
Mientras tanto, persisten en nuestro país las historias de intentos de aborto con sosas, ganchos o hierbas que se convierten en historias individuales de pena, enfermedad, infertilidad y muerte.
Autoridades y organizaciones saben que en tres de cada cuatro casos son mujeres adultas y muchas tienen dos o más hijos.
Las legislaciones tampoco garantizan acceso por sí mismas. Pese a que en todos los estados del país no se penaliza abortar al producto de una violación, apenas hace dos años se garantizó el procedimiento en el Distrito Federal con la llamada Ley Robles. Y para el 2003 solamente tres mujeres habían recurrido al servicio.
En México hay otras causales que no reciben castigo, tal y como lo estipula la ley: abortar por accidente (o imprudencial) es tolerado en 29 estados, en 28 de los cuales las mujeres no irán a la cárcel si su vida estaba en riesgo; en 10, si se reconocen malformaciones congénitas, y en nueve si la salud materna está en peligro.
Tres códigos penales en la república reconocen el derecho a abortar al producto de una inseminación no consentida y solamente en Yucatán la miseria es causa suficiente para interrumpir un embarazo no deseado.
CONSERVADORES
El conservadurismo es uno de los principales problemas en México y toda América Latina, de acuerdo con el informe presentado este mes en Londres por la organización internacional IPAS durante la mesa redonda Cuenta Regresiva 2015, que evaluó la primera década de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD).
Mientras que en los países latinoamericanos y de Europa del Este existen barreras legales para la realización de abortos seguros, en Asia y África se carece de recursos para garantizar su acceso.
En países de América Latina, donde 95 por ciento de casi 4.5 millones de abortos anuales que se efectúan son clandestinos, existen las leyes más restrictivas del planeta. Por ejemplo en Chile y El Salvador, a pesar de que firmaron la agenda de El Cairo, no se permite el aborto bajo ninguna circunstancia.
En Latinoamérica «la Iglesia católica no duda en meterse en asuntos que corresponden al Estado», aseguró Lilian Abracinskas, co-coordinadora del Colectivo Mujer y Salud en Uruguay, al presentar el informe «Cumplimientos de los compromisos adquiridos a partir de la CIPD en torno a los servicios de aborto en América Latina: La agenda inconclusa.»
En México, pese a que el gobierno asumió una firme postura en defensa de los derechos sexuales y reproductivos durante la CIPD de El Cairo y la revisión de la agenda cinco años más tarde, el gobierno de Vicente Fox no ha hecho nada por cumplir con los compromisos asumidos para garantizar abortos seguros, detalla el informe.
Explica que el hoy gobernante Partido Acción Nacional es de ideología conservadora, lo que «ha incidido de manera negativa en los derechos sexuales y reproductivos» de la población.
Las posturas conservadoras y la influencia de la Iglesia católica son visibles en los medios de comunicación y en el campo legislativo en esa nación, añade el documento.
El informe de 44 páginas sobre AL destaca que en México «a pesar de que la Secretaría de Salud reconoce que el aborto inseguro es la novena causa de hospitalización y causal de muerte materna, se carece de información estadística y cifras reales que den a conocer la dimensión real del problema.»
Ante ese problema de salud pública y reconocimiento de derechos, los grupos feministas de la región acordaron hace 14 años realizar una campaña anual por la Despenalización del Aborto, cada 28 de septiembre.
Este año, el lema de la campaña fue Anticonceptivos para no Abortar y Aborto Legal para no Morir, mientras que en el 2003 se llamó Cuerpos Libres, Estados Laicos.
VA DE RETRO
Pese a que la Iglesia católica históricamente no consideró al aborto como un acto homicida, los papas más conservadores como Juan Pablo II y algunos grupos laicos, han abanderado la excomunión y la culpa entre las mujeres bajo el argumento de conservar la vida del no nacido.
La batalla de estos grupos, que en Estados Unidos, México y otros países suelen bautizarse con el nombre de Provida, ha sido cuestionada por su beligerancia –en Estados Unidos han asesinado a médicos que proveen abortos o bombardeado clínicas.
Las tácticas en México de presionar a las jóvenes a conservar al hijo no deseado o darlo en adopción y al gobierno para evitar se despenalice el aborto, habían sido un poco más disfrazadas hasta el sexenio del presidente Vicente Fox.
Sin embargo, el destape del escándalo que involucra al ex diputado Luis Pazos, a Provida y a la misma Secretaría de Salud por el desvío de recursos (30 millones de pesos asignados a albergues para mujeres embarazadas y gastados, entre otras cosas, en tangas) evidenció las «mañas» de estos grupos.
El escándalo, surgido tras una investigación a cargo de las organizaciones feministas, puso en jaque a la Cámara de Diputados y al secretario de Salud Julio Frenk, quien la semana pasada anunció una acción legal para que Provida encabeazada por Jorge Serrano Limón devuelva los 30 millones, recursos que fueron gastados en artículos de lujo e invertidos en la Bolsa de Valores de Nueva York.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública puso el dedo ya en la figura de Luis Pazos, quien habría desviado sin el consentimiento del pleno los mencionados recursos el año pasado, cuando era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados.
2004/MR/GMT/SM
