La deficiente educación en sexualidad y los escasos recursos públicos destinados a la prevención del VIH-Sida son los principales impedimentos para paliar la mayor vulnerabilidad de la mujer ante el Sida, según Jorge Saavedra López, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH- Sida (Censida).
Saavedra realizó estas afirmaciones durante la Mesa de Medios y Género organizada por Comunicación e Información de la Mujeres (CIMAC) y la Federación Friedrich Ebert, donde se dialogó específicamente acerca del Sida y las políticas de prevención y atención para las mujeres.
«Es una fantasía decir que tenemos educación en materia de sexualidad», apuntó Saavedra, quien señaló que de las 96 mil 513 personas infectadas por VIH en México desde 1983 hasta el 30 de junio de 2005, el 16.5 por ciento son mujeres. Añadió que la mayoría de ellas fue infectada por su cónyuge, muchas veces debido a las prácticas bisexuales de éste último.
Aunque reconoció la mayor vulnerabilidad de la mujer ante la pandemia, Saavedra afirmó que no se realizan proyectos específicos para las mujeres porque su «impacto sería mínimo», y que el Censida tampoco distribuye preservativos femeninos que faciliten la autonomía de las mujeres, porque «son muy caros».
Subrayó que las campañas de educación no deben realizarse sólo desde la Secretaría de Salud, sino también desde otras entidades, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) o el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).
En el capítulo de la prevención de la enfermedad el balance del Saavedra fue negativo, ya que sólo el 5 por ciento del presupuesto del Censida se destina a la prevención. El resto se dirige a la compra de medicamentos antirretrovirales (500 millones de pesos este año). El Censida también distribuyó otros 122 millones de pesos entre los 32 estados para la compra de medicamentos.
Por su parte, Alicia Athie denunció que tres de los cinco hospitales a los que se destinaron los 67 millones de pesos dirigidos a servicios generales para el tratamiento del VIH-Sida, reclasificaron estos fondos; en algunos casos, se usaron para la compra de materiales de limpiezas o suministros no destinados a la lucha contra la epidemia.
Estos datos fueron reportados en el informe elaborado por el colectivo por la transparencia y en el seguimiento de los recursos federales para VIH-Sida (Fundar).
Para Athie es un «desvío legal», pues los hospitales cuentan con total autonomía porque la Secretaría de Salud les da recursos no etiquetados que pueden destinar a lo que quieran; los perjudicados serán los pacientes.
Fundar también denunció que, a pesar de que en 2004 la Cámara de Diputados aprobó un aumento de 200 millones de pesos al presupuesto para el combate de la pandemia, se reasignaron los fondos de una forma «preocupante». Así, se redujo el presupuesto del Censida en 109 millones de pesos (de 360.3 a 250.9 millones) y se dejó fuera a instituciones prioritarias, como el Instituto Nacional Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Nutrición.
Por su parte, Carmen Soler Claudín, coordinadora del Programa de VIH-Sida de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, enmarcó el problema en el «derecho constitucional a la salud que no se está cubriendo», porque la política de compra de antirretrovirales no se podrá cubrir a corto plazo.
En el DF, afirmó, se cubre sólo el suministro de tratamiento antirretroviral para 3 mil afectados, lo que supone sólo el 50 por ciento o menos del total de los infectados.
Cuando se puso en marcha el Programa en 2001, Soler detectó «disociación y poca coordinación en materia de VIH» entre las distintas instituciones. La misión del programa fue la de «conocer la epidemia», para lo que se capacitaron 500 consejeros en el área materno-infantil, con criterio de género, para que las mujeres embarazadas se hagan la prueba del VIH-Sida en los centros de salud.
El nivel de aceptación del programa fue del 80 por ciento, aunque Soler matiza que encuentra más resistencias en el ámbito rural. En cuanto al nivel de prevalencia en mujeres embarazadas, las delegaciones que presentaron los mayores índices durante el 2004 fueron Azcapotzalco, Cuajimalpa, y Álvaro Obregón; en 2005, los mayores índices se encontraron en Milpa Alta y Xochimilco.
Las delegaciones donde el programa atendió a más mujeres fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.
En representación de la sociedad civil, Hilda Pérez Vázquez, coordinadora del Colectivo Sol, y Georgina Gutiérrez, coordinadora del Proyecto Mujer y Sida de Salud Integral para la Mujer (Sipam), coincidieron en demandar un espacio de representación y participación de las mujeres infectadas que les permita combatir el estigma social asociado a la enfermedad, así como hacer mayor hincapié en las medidas preventivas.
05/ER/YT
