Inicio Esencial reglamentar el artículo cuarto constitucional para lograr políticas públicas con equidad: Incháustegui

Esencial reglamentar el artículo cuarto constitucional para lograr políticas públicas con equidad: Incháustegui

Por Rafael Maya

Es imprescindible que se promulgue una ley de equidad que reglamente el artículo cuarto constitucional, que se refiere a la igualdad de las personas ante la ley para que el gobierno esté obligado a formular políticas con perspectiva de género, así como a transparentar los recursos y medir los impactos en la población femenina.

Así lo aseguró Teresa Incháustegui, directora de Evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), durante el panel “Políticas públicas con perspectiva de género, organizado por Convergencia por la Democracia en el marco del Foro internacional: “Genero y política, retos y perspectivas” que finaliza mañana 8 de marzo, realizado en un hotel de la ciudad de México.

La funcionaria advirtió que contar con la reglamentación del cuarto constitucional reforzará que las secretarías de Estado estén obligadas a poner en práctica políticas públicas que tomen en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres.

La población femenina representa el 36 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Asimismo, en el 56.8 por ciento de los hogares hay una mujer que contribuye al ingreso familiar, por lo que las políticas publicas deben reconocer el papel fundamental de las mujeres en la economía, señaló Incháustegui.

Consideró que las políticas de ajuste económico y recorte de personal afectan en mayor medida a la población femenina, porque es obligada a trabajar en condiciones de flexibilidad y con poca remuneración. Además, las mujeres son las primeras que despiden en los centros laborales.

Por su parte, Beatriz Quintero, investigadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, destacó la importancia de la existencia de un estado social de derecho en el que sus instituciones publicas garanticen efectivamente los derechos de todas las personas, así como la búsqueda de la justicia social.

Finalmente advirtió que la ausencia de una política publica que corrija la desigualdad y la injusticia social constituye un incumplimiento de los deberes del Estado y, por tanto, un desconocimiento del Estado social de derecho.

       
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