Pese al largo camino que ha recorrido la lucha feminista para que las mujeres puedan ejercer sus derechos, aún se siguen vulnerando y obstaculizando, prueba de ello es la situación actual que atraviesan las mujeres en España al decidir realizarse un aborto.
Aunque este derecho está ratificado en el país, la ley que lo avala resulta restrictiva y etérea, lo cual representa una auténtica vulnerabilidad para la vida sexual y reproductiva de las mujeres y profesión médica, pues deja mucho a la interpretación permitiendo ser interpuesta por cualquier grupo católico o ultraderechista.
Yolanda Iglesias, perteneciente a la Asamblea Feminista de Madrid, en entrevista para AmecoPress, ratificó su postura ante el tratamiento alarmista que se ha hecho de la noticia difundida en diversos medios de comunicación a raíz de la operación judicial abierta en cuatro clínicas que practican el aborto en Cataluña, en la que se ha detenido a seis personas.
Se refirió asimismo al libro Interrupción voluntaria del embarazo y al trabajo conjunto que diferentes organizaciones feministas de toda España realizan. Lamentó que «la situación actual en el país es de total vulnerabilidad para las mujeres y las y los médicos».
El libro, a través de estudios, cifras y datos recientes, asegura que pese a la alta vulnerabilidad y múltiples problemáticas que atraviesa la población femenina para acceder a este derecho, el 88 por ciento de mujeres que se realiza un aborto lo hace dentro de las primeras doce semanas de gestación. Y en un alto porcentaje las mujeres que optan por esta decisión son solteras, sin hijos, con un nivel medio de estudios y trabajan asalariadamente.
«Lo que se esconde debajo de esta información que hemos visto es el intento de desvirtuar la realidad de la interrupción de embarazo en el Estado Español y condiciones en que se realizan», expuso Iglesias al coincidir con las distintas posturas de organizaciones feministas que en España han alzado la voz contra la mala imagen y manipulación morbosa que informativamente se ha manejado de la situación real del aborto en España que deriva del caso de Cataluña.
EL LIBRO
Los datos que hemos recogido en el libro avalan lo que hemos dicho al ratificar nuestra postura y para constatar con la verdad lo que es la realidad de la interrupción del aborto en España», subrayó Iglesias.
«Sólo un 2 por ciento lo realiza con más de 21 semanas de gestación, porcentaje que corresponde a los abortos por riesgo fetal, malformaciones del feto, lo cual se detecta a partir de ese tiempo de gestación», dijo.
A nivel informativo, se pretende deslegitimar las decisiones de las mujeres con respecto a la decisión del aborto, pues en su inmensa mayoría las mujeres abortan lo antes posible pese a las múltiples dificultades que afrontan en España al decidir realizarse un aborto, sentenció la entrevistada.
Interrupción voluntaria del embarazo se publicó a inicios de este año y fue elaborado por distintas Asambleas Feministas de España en las que figuran: Asamblea Feminista de Madrid, y las Asambleas de: Granada, Cantabria, Araba, Albacete, D´Elx- Comissió 8 de Marc (Valencia), Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca, Asamblea de Mujeres de Palencia y Salamanca, Colectivo de Mujeres de Malvaluna (Mérida) y Emakumen Internazionalistak (Nafarroa), todas estas organizaciones pertenecientes a la Coordinadora Estatal do Organizaciones Feministas en España.
AMENAZA ULTRACONSERVADORA Y DERECHISTA
La práctica del aborto en el Estado Español presenta una situación muy diferenciada dependiendo de la Comunidad Autónoma de que se trate y el 97 por ciento de mujeres que solicitaron un aborto se acogieron al supuesto de riesgo de grave para la salud de la mujer (indicación terapéutica), porcentaje que asciende a 99 por ciento entre mujeres menores de 25 años.
Para poder acogerse a esta indicación terapéutica, las mujeres requirieron del dictamen previo de un especialista en psiquiatría que debe informar en estos términos, aunque la salud de la mujer no sufra otra incidencia que la de querer abortar.
Los datos que engloban las informaciones que reúne el libro explica que fueron 91.664 las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo durante el año 2005, y sus principales características fueron; ser solteras, sin hijos, trabajadoras asalariadas y todas con un nivel medio de estudios.
Según la normativa actual existente en España, los abortos se pueden realizar en lugares públicos, pero el 97 por ciento se realiza en centros privados, sólo el 2.9 por ciento se realiza en la sanidad pública, lo cual refleja la grave problemática que afronta la población femenina al tratar de hacer válidos sus derechos.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Los fundamentalismos religiosos, entre los que el católico es el más activo y que arremete contra los derechos y salud de las mujeres, manifiestan una reacción virulenta contra el derecho a la libertad de decidir libremente, se informa en las investigaciones que engloba el libro.
Madrid y Navarra figuran como las ciudades donde las organizaciones llamadas «pro-vida» han actuado y actúan con total impunidad. Estas organizaciones cuentan con una red internacional con importantes recursos económicos que apoyan estas acciones.
La objeción de conciencia está reconocida en el Artículo 16.1 de la Constitución, que establece «derecho a la libertad ideológica y religiosa». Sin estar regulado, este derecho permite que grupos ultraderechistas y simpatizantes se apeguen a el boicoteando el derecho al aborto de las mujeres, protegiendo más la conciencia en el caso del profesional médico que no desea realizar el aborto por motivos de creencias religiosas, o personales, sobre la propia vida y derechos de las mujeres.
En la Comunidad de Madrid están activos una docena de grupos anti-aborto que reciben subvenciones de Consejerías de la misma Comunidad y muy particularmente de la Consejería de Educación.
«Cuando la ley que permite el aborto en España comenzó a implantarse nos dimos cuenta que es restrictiva y deja mucho a la interpretación, permitiendo que cualquier persona de grupo ultraderechista o la profesión médica pueda ser admitida a trámite o sentenciado y juzgado su trabajo, la ley desgraciadamente está así ahora», concluyó Iglesias.
07/AVL/GG
