Las noticias publicadas en medios de comunicación sobre permisos penitenciarios de los agresores sexuales en España ha causado en los últimos meses cierta polémica en la nación.
La Constitución obliga a que el sistema penitenciario español facilite la reinserción en la vida en libertad. En España, existen cerca de tres mil condenados por delitos contra la libertad sexual, de los cuales, sólo una minoría asiste voluntariamente a un programa de tratamiento y la mayoría de agresores no se sienten culpables.
El pasado miércoles se llevó a cabo la Jornada de Violencia Sexual No a la doble victimización, organizada por la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas (CAVAS) y la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
LEY DEL MENOR, SIN RESPUESTA
Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, dijo a AmecoPress que «los permisos y las libertades concedidas a los agresores sexuales, sin finalizar su condena, han causado un revuelo social, y pensamos mantener este revuelo. Vamos a tener una reunión con el Ministro de Justicia, porque tiene que haber una reforma de la Ley Penitenciaria, y que de alguna forma se aplique el Código Civil, para que los agresores puedan tener un seguimiento».
Alarcón explicó que «hay un perfil de agresor, con características muy puntuales, que cumpliendo unos años de cárcel, puede ser suficiente, pero existe otro perfil de agresor muy marcado, que por experiencia tememos, o muchas veces ya sabemos que volverá a reincidir, tienen características más violentas. El buen comportamiento de estos individuos en la cárcel, muchas veces es correcto, porque no tienen el objeto de su delito, que son las mujeres o las niñas, por lo cual tienen una serie de beneficios penitenciarios.
«Existen centros penitenciarios, donde se están dando terapias, pero la sensación que tenemos es que no es suficiente, las terapias no son eficaces, no están dando resultados, no hay suficientes recursos, hay poco personal. Se necesitan más recursos para aquellos que quieren y puedan reinsertarse, esto es muy importante, no es nada fácil, y por supuesto medidas, para cuando salgan en libertad, y el cumplimiento íntegro de condena para individuos peligrosos.
«Los delitos sexuales se siguen cometiendo como en la Edad Media, no han cambiado para nada, la única variedad es que en los últimos 20 años la edad de los agresores presentan una banda entre 12 y 17 años, realmente estos datos son preocupantes, porque son agresores sexuales con características muy agresivas y con una carga de violencia tremenda».
Tina Alarcón explicó finalmente que «la Ley del Menor a este nivel es un desastre, estamos absolutamente en contra, porque consideran menor de edad a un individuo de 17 años, que ha cometido una agresión sexual, y que tiene un amplio historial de antecedentes penales. Existe un perfil de agresor violento muy peligroso, y la Ley del Menor no está dando respuesta a la problemática que presentan estos delincuentes sexuales».
EXTRANJEROS Y SITUACIÓN IRREGULAR
Elena Palacios, inspectora jefa del Grupo III de la Policía Judicial, indicó al público presente algunos datos importantes como que el 50 por ciento de los agresores detenidos son desconocidos por las víctimas, y el otro 50 por ciento se reparte entre violencia de pareja, acoso laboral sexual y del entorno familiar.
El 45 por ciento son españoles y el 55 por ciento son extranjeros; así mismo ha comentado que del colectivo extranjero detenido, el 43 por ciento se encontraban en situación irregular, «para nosotros este dato es muy relevante, porque al no tener una base de datos y documentación de los presuntos agresores sexuales o sospechosos, tenemos más dificultades de localizarlos».
El Grupo III, de la Brigada de la Policía Judicial, se encarga de violencia sexual y maltrato hacia la mujer, niña, adolescente, el niño, o el hombre. Tramitan e investigan cualquier delito contra la libertad sexual, pero sobre todo investigan delitos de agresores sexuales desconocidos. Otro dato importante es que la mayoría de víctimas son menores de 25 años, y siempre por individuos desconocidos.
VÍCTIMAS JÓVENES, MAYOR IMPACTO
Ma. Paz Ruiz-Tejedor, psicóloga forense de Madrid, aseguró que «para el Derecho Penal, la víctima ha constituido un concepto secundario; el objetivo prioritario se ha centrado en condenar al culpable, la víctima ha sido la gran olvidada, no se había articulado una ley para proteger a las víctimas, hasta que en 1995, la ley 35/95 del 11 de diciembre, que estipula sobre asistencia a las víctimas de delitos, para evitar la victimización».
También es importante la educación que ha recibido la víctima, para poder afrontar las secuelas de una agresión sexual. «En este punto es importante indicar que la edad de los y las adolescentes que han sido víctimas: entre quienes tienen entre 13 y 22 años el impacto psicopatológico es muy grave. En cambio, en edades entre 23 y 45 años existe una mayor capacidad de adaptación y mejor afrontamiento», concluyó Paz Ruiz-Tejedor.
El evento contó con la presencia de María José Pérez-Cijuela, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, y con Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, quienes iniciaron la jornada.
Estuvieron presentes, además, Elena Palacios, inspectora jefa del Grupo III de la policía judicial; Paz Ruiz-Tejedor, psicóloga forense de Madrid; Margarita Sánchez, médica del servicio ginecológico del Hospital La Paz; Ángeles Sepúlveda, especialista en medicina legal forense; María Cánovas, fiscal de la Audiencia Provincial; Elena Rivas, inspectora jefa del laboratorio de ADN (policía científica) y Eduardo Andreu, director del Instituto Anatómico Forense de Madrid.
07/BR/GG/CV
